“Todo surge por la falta de soluciones al problema de los colonos” y porque “cada día las personas que habitan esas tierras viven con más incertidumbre respecto de su futuro”. Lo sostiene Angel Enrique “Pocho” Agüero, coordinador del Ambito Rural de la Pastoral Social de la diócesis católica de Iguazú, en diálogo con Página/12. Agüero es miembro del equipo de Pastoral Social a quien el obispo Joaquín Piña le ha confiado la labor de animar el trabajo social en todo el territorio de la diócesis, brindándole su respaldo pero también autonomía para entender en temas tales como la asistencia social, los problemas vinculados con la tenencia de tierras y las cuestiones indígenas.
“Nosotros hemos llegado a la conclusión de que el objetivo ideológico es dividir a la gente y confundirla en sus reclamos”, dice Agüero, sin precisar si se refiere al gobierno provincial o a los empresarios privados que ostentan los títulos de propiedad de las tierras de Pozo Azul. El mismo admite que “Pozo Azul es sólo uno de los puntos de conflicto dentro de una provincia como Misiones, en la que existen numerosos litigios por la propiedad de las tierras que involucran tanto a los criollos como a los aborígenes” y para los que no existen hasta el momento soluciones.
Una de las acusaciones esgrimidas por la empresa Colonizadora Misionera es que las tierras de Pozo Azul están siendo ocupadas por brasileños. “Han llegado a decir que es una especie de colonización e invasión de brasileros, y ése es un argumento más para desacreditar a los colonos”, asegura Pocho Agüero, hablando desde San Pedro, provincia de Misiones. “Nosotros –dice refiriéndose a la Pastoral Social de Iguazú– hicimos con mucho esfuerzo un largo trabajo para demostrar que los colonos son todos argentinos. La mayoría son hijos de colonos de la zona centro de la provincia que se quedaron sin tierras, entre otros motivos porque trabajaron con una forma de cultivo que agota la tierra. Buscaron tierras, se fueron desplazando, pero llega un momento en que las tierras fiscales ya no alcanzan y avanzan sobre tierras privadas.”
La Pastoral Social de Iguazú ha tenido una activa presencia junto a los colonos, incluso participando en los cortes de ruta que se realizaron al final del año pasado para apoyar las demandas de los colonos. “El conflicto se agravó porque corrió un rumor que indicaba que se estaban haciendo gestiones para la venta de las tierras de Pozo Azul a una empresa petrolera.” Aunque Agüero no lo dice, esos rumores apuntaban que la interesada en el negocio es la empresa Shell, que viene adquiriendo tierras para reforestar como parte de una campaña institucional destinada a sopesar la imagen negativa que se genera a partir del daño ecológico derivado de las explotaciones petroleras.
“Ni la Iglesia ni la Pastoral Social –sostiene Agüero– incitan a los colonos. Lo que pasa es que existe una gran inseguridad respecto de la tierra y nosotros hemos decidido acompañar a los colonos que están en asentamientos que existen desde hace mucho tiempo.” Agrega que “lo que nosotros hacemos es darle asesoramiento técnico a la gente a través de un programa de promoción rural. Lo nuestro tiene que ver con la promoción de una economía ecológica familiar que es compatible con el desarrollo económico sustentable”.
Pese a las acusaciones que han recibido respecto de que “incitan” a los colonos al alzamiento, los miembros de la Pastoral Social aseguran que en Pozo Azul “no hay un problema político, sino aritmético. Hay un problema estructural que tiene que ver con la falta de tierras y si no se dan soluciones al problema de fondo está claro que hay muchas personas que van a intentar seguir ocupando”.
Según Agüero, la Pastoral Social da “asistencia directa, vamos a las comunidades, nos reunimos con ellos y los asesoramos tanto en lo técnicoproductivo como en lo legal y en sus derechos respecto de la tierra. La Iglesia acompaña estos reclamos dentro de la ley y del marco jurídico. Existe una ley provincial de tierras privadas que faculta al Estado a intervenir en estos casos de ocupación de tierras privadas. Pero el Estado no lo hace. Pedimos que el Estado intervenga en esas situaciones de conflicto para solucionar los problemas que existen”.
La Pastoral Social se ha pronunciado en favor de soluciones que tengan en cuenta la opinión y los intereses de los colonos. “Denunciamos la concentración de la tierra en manos de intereses transnacionales. Hace poco se estuvo negociando la venta de tierras de PeCom a la empresa chilena Arauco.” Agüero afirma que “las autoridades de la provincia se han pronunciado en favor de una lógica de bosque implantado que es incompatible con el desarrollo de un sector agrario basado en la economía familiar. Las plantaciones de pinos no pueden coexistir con la gente. Nosotros hemos fijado claramente una posición: no queremos ese desarrollo forestal industrial que el sector privado ha decidido para la zona. Los colonos tienen que participar en el desarrollo y en la determinación de las políticas”.
En este momento la situación de Pozo Azul se encuentra en una suerte de impasse. El gobierno provincial convocó a una “mesa de concertación” y todas las partes (el sector privado, los colonos y también la Pastoral Social) firmaron un acta acuerdo comprometiéndose a las conversaciones y a cesar toda actitud hostil o de enfrentamiento para facilitar las negociaciones. Sin embargo, algunas fuentes vinculadas a los colonos señalan que la empresa Colonizadora Misionera y el propio gobierno de la provincia tienen poca voluntad de avanzar en un acuerdo que podría culminar con el compromiso de legalizar la entrega de tierras a sus actuales ocupantes. Los colonos sospechan que un acuerdo entre el gobierno y la Colonizadora se está celebrando a sus espaldas. Y de comprobarse esto se retomarían las protestas, los reclamos y podrían volver los piquetes y los cortes de ruta.