El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, consideró ayer que “no tiene que preocuparle” a la presidenta Cristina Fernández la denuncia formulada por la Coalición Cívica contra Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La diputada Elsa Quiroz, autora de la denuncia en junio de 2010, salió por su parte al cruce de la Unidad de Información Financiera (UIF), que un día antes había destacado el carácter “completamente confidencial” de sus investigaciones, y acusó al organismo que preside José Sbatella de “mirar para el costado”. Schoklender y el organismo que preside Hebe de Bonafini informaron el viernes mediante comunicados que la renuncia concretada el 6 de mayo apuntaba a saldar una “incompatilidad” entre los fines de la Fundación y el “proyecto personal” del abogado, y calificaron las repercusiones del episodio como “intentos de desprestigiar” a las Madres.

Schoklender fue denunciado el 18 de junio de 2010 por las diputadas Quiroz y Maricel Etchecoin Moro, de la Coalición Cívica, quienes pidieron que se investigue al ex apoderado de la Fundación que preside Hebe de Bonafini por los posibles delitos de fraude, lavado de dinero y desfalco.

Según la denuncia, el domicilio fiscal registrado por Schoklender coincide con el de la empresa Meldorek SA, la constructora que realizó la mayor parte de los emprendimientos habitacionales de las Madres. Destacan las denunciantes el significativo aumento de capital de la sociedad anónima y apuntan la compra de dos aviones y la adquisición por parte de Schoklender de quince inmuebles en la localidad de José C. Paz y uno en el partido de Pilar.

Consultado ayer sobre el affaire, el jefe de ministros sostuvo que “si tiene algo para revisar, lo hará la Justicia” y que el tema tiene que preocuparle “a quien eventualmente cometió un error”.

La UIF destacó el viernes en un comunicado que “las investigaciones administrativas” que lleva adelante ese órgano autárquico son de carácter “completamente confidencial”, e instó a “quienes han promovido investigaciones ante la UIF a proceder con responsabilidad”.

En respuesta a ese comunicado, Quiroz acusó ayer a la UIF de “mirar para el costado”. Dijo que durante el tiempo transcurrido el organismo debió haber “desestimado la denuncia, aclarando la cuestión y deslindando responsabilidad, o podría haber presentado (el caso) ante la Justicia”.

“Desde hace ya varios meses se hacía evidente que mi rol como apoderado de la Fundación y responsable de la Misión Sueños Compartidos (que lleva los planes de obras) era incompatible con el desarrollo de mi proyecto personal, por lo cual manifesté la necesidad de desvincularme de la entidad”, informó Schoklender el viernes. Desmintió que se tratara de “un abandono” y aseguró que las Madres le manifestaron “su agradecimiento eterno por el empeño, tesón, fidelidad y encomio” durante su desempeño. Sobre la acusación de enriquecimiento personal, dijo que la vivienda de 12.000 metros cuadrados y 19 habitaciones de José C. Paz la había comprado con su propio dinero “para impedir el desalojo de 78 familias”, pero que “jamás” la ocupó. “Todas las otras versiones que circulan son un intento de desprestigiar una vez más la obra de la Fundación”, concluyó. El comunicado de Madres repite la primera y la última oración del de Schoklender, y agrega que el abogado presentó su renuncia “simplemente (como) un alto para intentar nuevas acciones en lo personal, con la absoluta convicción de estar siempre atento a lo que ustedes pudiesen demandar de mí, como corresponde a un hijo”.