A veinte años de la sanción de la ley de cupo femenino para los cargos legislativos nacionales, la politóloga e investigadora del Conicet Mariana Caminotti analiza los alcances de esta herramienta de discriminación positiva. “La inclusión de mujeres en el Congreso favoreció la emergencia de voces expresivas de perspectivas sociales novedosas que instalan nuevos temas en la agenda parlamentaria, particularmente en materia de igualdad de género, defensa de derechos y cuestiones sociales”, señaló en diálogo con Página/12. Pero advirtió que es una “asignatura pendiente” en el país avanzar con el reclamo por la paridad en las listas. Caminotti es doctora en Ciencia Política y profesora en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Es una estudiosa de las leyes de cupo.

–¿Qué efectos considera que ha tenido la ley de cupo además de incorporar, claro, más mujeres al Congreso?

–La ley de cupo femenino fue una norma profundamente innovadora que sentó un modelo para otros países. Con su promulgación en 1991, Argentina fue el primer país del mundo que establece un porcentaje mínimo de candidaturas de mujeres exigible a todos los partidos políticos. Recordemos que si bien las mujeres fueron protagonistas de la lucha contra la dictadura militar y el proceso de democratización, su presencia política no era reconocida en la definición de las candidaturas partidarias. En este contexto, el cupo tuvo efectos muy significativos. Por un lado, contribuyó a instalar la idea de que la ausencia de mujeres en ámbitos de decisión es problemática para la democracia porque muestra una brecha entre la igualdad formal y la real. Frente a ello, la ley de cupo impone un criterio de equidad en la selección de candidatos, afirmando el derecho de las mujeres a participar como agentes activas en la toma de decisiones públicas. Por otra parte, la inclusión femenina en el Congreso favoreció la emergencia de voces expresivas de perspectivas sociales novedosas que instalan nuevos temas en la agenda parlamentaria, particularmente en materia de igualdad de género, defensa de derechos y cuestiones sociales. Incluso, la iniciativa de las legisladoras fue fundamental en el proceso de sanción de un conjunto de leyes muy relevantes, entre las cuales pueden destacarse la ley de cupo sindical femenino, la de ratificación del protocolo facultativo de la Cedaw o la ley de protección contra la violencia de género, por mencionar algunos ejemplos.

–¿Otros países han seguido el mismo camino?

–Desde mediados de la década de 1990, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, Honduras, México y Uruguay aprobaron leyes de cuotas nacionales, con resultados dispares en cada sistema electoral. En general, estas leyes establecen porcentajes mínimos de participación de mujeres en las listas (la mayoría en torno del 30 por ciento), o porcentajes mínimos y máximos por sexo/género, como en Brasil y México. Actualmente, la idea de porcentaje mínimo está dejando lugar a la de paridad de género, planteada en las últimas Conferencias Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe como una nueva meta regional. A diferencia de las cuotas, que son medidas correctoras y se consideran temporarias, la paridad es un principio permanente que consagra la igualdad en el ejercicio del poder y reconoce a las mujeres como ciudadanas plenas. En Argentina este debate aún no se ha instalado, y si a esto sumamos que es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un Plan Nacional de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, podemos advertir que hay asignaturas pendientes de relevancia.