Por Alicia Oliveira (*)

El 10 de diciembre, como defensora del Pueblo, presenté ante los tribunales una medida cautelar colectiva a favor de todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que no podían disponer de sus depósitos. Habían quedado a merced de las muchas trampas tendidas para que solo unos pocos parientes del poder pudieran usar libremente su dinero.
Argumentamos desde el derecho y desde la sensatez. La idea era que, en el caso de que la Justicia aceptara nuestros reclamos, cualquier habitante de la ciudad damnificado por el decreto que impuso el corralito podría recuperar lo que por derecho le correspondía.
El día que se recuerda a los santos inocentes, el 28 de diciembre, el juez nos dio la razón, o sea que falló favorablemente. Pero el entonces presidente del Banco Central no comunicó a los bancos la sentencia judicial. Fue entonces que comenzamos una farragosa lucha para que la sentencia se cumpliera. Cuando estábamos por llegar a nuestro objetivo la Corte Suprema se levantó presurosa de sus imponentes sillones, con el impulso y ligereza que reserva para unas pocas ocasiones y, entonces, “secuestró” sin más la causa y la encerró en los oscuros laberintos de sus despachos. Ante tamaña injusticia, a mediados de enero la Defensoría porteña impugnó a los miembros de la Corte mediante la recusación en los términos que fija la ley. La petición se plasmó en cincuenta y siete fojas donde se explican en detalle los motivos por los cuales esos hombres no pueden ejercer la acción de juzgar. Razones que, en general, describen los mismos hechos por los que ahora, después de tantos años, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados ha iniciado la investigación. La recusación a estos jueces no fue hecha para criticar sus oportunistas dotes atléticas para saltar por encima de la discusión jurídica, sino porque es necesario que quienes impartan justicia sean jueces independientes e imparciales, cualidades difíciles de encontrar en la mayoría de los miembros del supremo tribunal. Sobre esta cuestión, aún no se han expedido.
Algunos comunicadores sociales han dicho que nuestra causa se usa como cuco por algunos ministros de la Corte para imponer miedo al Poder Ejecutivo. Como abogada y defensora del pueblo entiendo que las acciones judiciales son hechas para discutir razones, nunca para levantar fantasmas ni imponer coacciones. Es por ello que insisto en los argumentos de inconstitucionalidad del “corralito” y que continuamos buscando jueces imparciales e independientes para instaurar una discusión republicana. Por ello se ha pedido al juez de primera instancia que recuperara el expediente “secuestrado”. Si logramos que el juez Martín Silva Garretón pida la devolución de las actuaciones se habrá dado un buen paso. Entonces podré devolver a Diógenes la lámpara que me prestó para encontrar un hombre justo en nuestras vapuleadas instituciones judiciales.

(*) Ombudsman porteña.