La Justicia volvió ayer a pronunciarse contra la constitucionalidad del decreto que suspendió por 180 días todos los juicios contra el corralito. La norma, dictada como respuesta al fallo de la Corte Suprema que anuló las restricciones bancarias, le sigue trayendo problemas al Gobierno. El juez Rodolfo Canicoba Corral pidió informes a la Secretaría Legal y Técnica, al Ministerio de Economía y al Banco Central sobre los antecedentes de ese instrumento, por el que Eduardo Duhalde y su gabinete fueron acusados de “traición a la patria, abuso y resistencia de la autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
“La norma no resiste la más elemental confrontación con la Constitución Nacional. En efecto, vedar en forma generalizada la posibilidad de los ciudadanos de cuestionar la medida relativa al llamado corralito implica el avasallamiento del derecho a la tutela judicial efectiva”, escribió en su resolución la jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia García, cuestionada ante el Consejo de la Magistratura –y denunciada por Página/12– por su participación en la apropiación de bienes de desaparecidos durante la última dictadura militar.
García dictó su fallo en favor de una acción de amparo promovida por el matrimonio argentino Graf, que en septiembre de 2001 se radicó por trabajo en Santiago de Chile y tiene sus ahorros cautivos.
La Justicia de Córdoba también hizo lugar a una presentación de una jubilada gravemente enferma y ordenó a un banco restituir parcialmente un depósito a plazo fijo. La orden fue cumplida “a regañadientes” por las autoridades del Banco Bisel, que entregaron una parte del depósito. El juez federal Alejandro Sánchez Freytes, consideró ante la urgencia del reclamo que “no corresponde aplicar la suspensión dispuesta por el decreto 214/02”, que prohíbe las acciones judiciales.
Los diputados de Frente para el Cambio Alicia Castro y Alfredo Villalba se sumaron a los cuestionamientos judiciales a la suspensión de los expedientes contra las restricciones bancarias y la pesificación. Los legisladores se presentaron ante la justicia acompañando a una damnificada, desocupada, que no puede disponer de la indemnización que recibió por la muerte de su esposo.
Mientras las presentaciones contra el corralito –y a su vez, contra la imposibilidad de hacer juicios– se siguen multiplicando en los tribunales, el juez Rodolfo Canicoba Corral avanzó en la causa iniciada contra el Gobierno por la forma en que eligió responder a la Corte (además del impulso al juicio político). El magistrado hizo lugar a las medidas solicitadas por los fiscales Jorge Alvarez Berlanda y Gerardo Pollicita y pidió informes a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, al Ministerio de Economía y al Banco Central sobre los antecedentes del decreto 214/02. La justicia continúa con los juicios que el Gobierno intentó paralizar y la Corte Suprema tiene una nueva carta ya que el abogado José María Estévez Cambra, uno de los primeros en exigir la inconstitucionalidad del decreto 214/02, se dirigió directamente ante el máximo tribunal.