La voluntad política está clara. Por eso, más allá de ciertas diferencias de criterio, la Comisión de Juicio Político avanzó ayer en el estudio de las causas que podrían derivar en el relevamiento de los supremos: solicitaron diez fallos –el de la Embajada de Israel, el del rebalanceo telefónico y el del corralito, entre otros– que se constituirían en la base del dictamen. Se volverán a reunir el martes para seguir armando la acusación.
Con la decisión de avanzar en el juicio político, lo primero fue constituir la Comisión, integrada por legisladores de todos los bloques.
Después se decidió declarar la admisibilidad del proceso y comenzaron a analizar los casos.
Ayer, los diputados volvieron a reunirse, esta vez para analizar los fallos más emblemáticos y seleccionar los más adecuados para formular la acusación. Para acelerar el trámite, participaron pocos diputados por bloque: los justicialistas Sergio Acevedo, Graciela Camaño y Eduardo Di Cola, los aristas Elisa Carrió y Héctor Polino; los radicales Carlos Iparraguirre y Angel Geijo; los frepasistas María América González y Nilda Garré y el cavallista Guillermo Johnson.
Un sector del bloque justicialista, encabezado por el jefe de la bancada, Humberto Roggero, prefiere tomar como base la resolución a favor de Carlos Smith por el corralito, que involucra a los seis jueces que votaron el fallo, entre los que se encuentran los cinco cuestionados por su cercanía al menemismo. Para el diputado Eduardo Di Cola, la causa del corralito tiene “razones más que suficientes para avanzar” mientras que otros expedientes “perdieron inmediatez” ya que en algunos casos datan de “cuatro o cinco años”.
Otro sector, que integra Acevedo, prefiere utilizar también otros fallos, como la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel, para ampliar la acusación a los nueve miembros del Tribunal. El ARI, y en particular su titular, Elisa Carrió, cree que el caso de las armas (en el que la Corte dejó en libertad a Emir Yoma) debería ser la base de la acusación.
Finalmente, la Comisión decidió pedir diez fallos: entre otros, el del corralito; el rebalanceo telefónico; la habilitación a Raúl Romero Feris como candidato a gobernador a pesar de su detención; la causa armas; la Embajada de Israel; y uno vinculado a la ley de Etica Pública.
“Estamos en la etapa de juntar las pruebas y tener los documentos que le van a dar sustento a la acusación”, dijo Acevedo. Y reiteró que no hay fecha para finalizar el proceso. Garré, por su parte, confirmó que “se han pedido los oficios y acordadas” que deberán ser entregados en los próximos días por la corte.
A los 50 pedidos, ayer se sumaron tres más. Los diputados radicales Margarita Stolbizer y Ricardo Vázquez usaron como argumento la privatización de Entel durante el menemismo. Una presentación de Carlos Iparraguirre se basó en la decisión de apartar al juez mendocino Luis Leiva cuando dispuso la detención del banquero Raúl Moneta; y hubo un tercer por el fallo que declaró constitucional el artículo 39 de la ley de Riesgos del Trabajo.
En medio de la avalancha de pedidos, antecedentes y causas, los integrantes de la Comisión intentan buscar argumentos jurídicos sólidos para un proceso que ya tiene decisión política. El martes volverán a reunirse para seguir analizando el tema.