A un año del asesinato de Mariano Ferreyra, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), reiteró su reclamo por la identificación y la sanción de todos los responsables. “Estas medidas, a cargo del Poder Judicial, deben ir acompañadas por reformas estructurales destinadas a impedir que se repitan hechos de esta naturaleza”, señaló un comunicado. La organización consideró que el asesinato del joven militante del Partido Obrero marcó “el traspaso de una frontera que había sido fijada de manera expresa por el gobierno nacional” y mostró “la cara más violenta de las luchas para democratizar representación sindical”.