El gobierno nacional transfirió ayer a la provincia de Buenos Aires el contrato de concesión y la jurisdicción sobre el servicio que presta la distribuidora de energía eléctrica Edelap. La zona de influencia de esta compañía abarca los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Verónica, con un total de 325.000 usuarios, aproximadamente. La carta de intención sobre el traspaso se había firmado en marzo de este año. La medida, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial, forma parte del ordenamiento que está llevando adelante el Ejecutivo en relación con los subsidios y la gestión de los servicios públicos, en sintonía con el pase de los subtes a la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, esta semana se confirmó que Edelap, cuyo dueño era el grupo norteamericano AES, fue vendida a Power Infrastructure, una compañía liderada por el empresario venezolano Miguel Mendoza y el argentino Alejandro Ivanissevich.

El traspaso se sustenta en el acta-acuerdo suscripto el pasado 18 de marzo por Julio De Vido, ministro de Planificación, la ministra de Infraestructura bonaerense, María Cristina Alvarez Rodríguez, y el presidente de Edelap, Jesús Bolinaga Serfaty.

“La provincia de Buenos Aires demostró a lo largo del tiempo que cuenta con la normativa y las herramientas técnicas y económicas para detentar la jurisdicción sobre el servicio de distribución de energía eléctrica prestado en su territorio... Además tiene organizado el contralor del servicio público de distribución de electricidad”, puede leerse en el decreto publicado ayer.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la transferencia es realizada porque Edelap presta únicamente sus servicios de distribución y comercialización en los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Brandsen. Es decir, no existe ninguna interconexión con otra provincia ni con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que estaría por fuera de la jurisdicción nacional, según lo establece la Ley 15.336 (artículo 6).

Otra explicación reviste un carácter político. El gobierno nacional está encarando una readecuación en el manejo de los subsidios y las tarifas energéticas. De esta manera, la Nación le transfirió a la jurisdicción bonaerense la responsabilidad de “la Revisión Tarifaria Integral de la empresa, así como todo proceso de actualización de costos que se encuentre en trámite”.

La relación entre Edelap –cuyo dueño era hasta hace una semana la norteamericana AES– y el Gobierno transitó por caminos sinuosos. En diciembre de 2008, el Ejecutivo inició una demanda penal contra los directivos de la compañía por una presunta defraudación equivalente a 55 millones de pesos. La hipótesis que manejaba el Gobierno por aquellos días era que el desmanejo económico había generado una pérdida en la calidad del servicio. Por eso el propio De Vido había especulado con la posibilidad de una quita de la concesión.

Para justificar esa situación, el ente regulador (ENRE) había difundido que el número de cortes promedio por usuario había sido en 2008 de 7,22 contra 5,64 de Edesur y 4,24 de Edenor. Finalmente, las amenazas quedaron en la nada. Con el decreto de traspaso hacia la jurisdicción provincial, se aclaró que el ENRE dejará sin vigencia cualquier reclamo que exista contra la distribuidora.

El otro dato de relevancia es que a tres años de este conflicto, la norteamericana decidió desprenderse de Edelap y Edes. Esta última opera en Bahía Blanca, Coronel Suárez, Carmen de Patagones, Saavedra, Lamadrid, Laprida, Carhué, Guaminí, Laguna Alsina, Médanos, Stroeder y Villalonga. En total, serían 170.000 usuarios, más los 325.000 de Edelap. También quedó involucrada en la operatoria la generadora Central Dique.