Después de un largo trabajo de inspecciones entre los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que concurren a escuelas privadas, la Anses dio de baja del plan a alrededor de 25.000 chicos que asistían a colegios con cuotas superiores a los 100 pesos mensuales. Otros 130 mil menores que también estudian en instituciones no estatales fueron mantenidos en el sistema. De ese modo se saldó la polémica que el organismo de la seguridad social mantuvo con colegios confesionales, especialmente aquellos vinculados con la Iglesia Católica, quienes se quejaron ante una primera decisión de la Anses de excluir del subsidio a todos aquellos inscriptos en escuelas privadas. El Gobierno ajustó esa determinación inicial y fijó otros criterios para establecer quiénes pueden seguir en la AUH y quiénes no, básicamente ligados al valor de la cuota.

El decreto de octubre de 2009 que creó la AUH estableció como una de las condiciones para su acceso que los chicos estudien, y que lo hagan en escuelas del Estado. “Queremos afianzar la educación pública y que la asignación por hijo llegue a quien lo necesita, no que sea un subsidio para el pago de la cuota de un colegio privado”, argumentó en aquel momento el titular de la Anses, Diego Bossio. “Hay casos de escuelas privadas subvencionadas por el Estado y esos colegios a su vez les cobran a los más vulnerables. Eso es una injusticia”, agregó en aquella oportunidad.

Finalmente, el organismo hizo un relevamiento completo para clasificar los distintos casos de estudiantes en escuelas privadas. Se armaron tres grupos, de acuerdo con el nivel de cuota de cada establecimiento y sólo se separó de la AUH a quienes pagan los valores más altos. Se hicieron excepciones a la norma original que determinaba que los alumnos debían concurrir a colegios del Estado cuando se comprobaron situaciones de vulnerabilidad social o cuando en la zona sólo había una escuela y era privada. La gran mayoría de los chicos terminó conservando la asignación.

Pero la Anses también detectó casos de familias que son dueñas de comercios que operan “en negro”, cuyos hijos estaban cobrando la AUH. El organismo realiza inspecciones en todo el país para verificar que los beneficiarios sean los que corresponden y corregir situaciones de abuso o irregulares. Más allá de la cuestión de los colegios, la Anses descubrió más de 100 mil casos de padres divorciados que estaban cobrando el beneficio y no les pasaban el dinero a las madres ni a los chicos. Frente a esas situaciones, la Anses le quitó el subsidio al padre y empezó a liquidarlo a nombre de la madre o la persona que viviera con el menor.