Desde Santa Fe

El miércoles, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe anunciará su veredicto en el juicio al primer gobernador de la dictadura y ex jefe del Area 212, coronel José María González, a quien la Fiscalía y la querella le pidieron prisión perpetua por el secuestro y asesinato del militante peronista, Mario Marini y la privación ilegal de la libertad de su esposa, Ana María Cavadini, en diciembre de 1975. Es la primera vez que la acusación coincide en solicitar la pena máxima a un imputado por delitos de lesa humanidad. "Era el perfecto ejecutor", lo calificó el fiscal Martín Suárez Faisal al subrayar el poder absoluto ﷓militar y político﷓ que había concentrado González y su "comunión ideológica" con el terrorismo de estado. "El motivo que lo llevó a delinquir fue la criminal convicción de que la llamada 'lucha contra la subversión' debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley", dijo el fiscal. Y consideró que González "se valió de los resultados de sus delitos para adquirir 'prestigio' entre los altos mandos militares y eso lo llevó a convertirse en el primer gobernador de facto de esta provincia en la última dictadura", agregó. La defensa insistió con la inocencia de su cliente y pidió el sobreseimiento.

Marini, su esposa y el bebé de ambos, Germán, de un mes y medio fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1975, en su propia casa, en las cercanías de la cancha de Colón, por un grupo de tareas del Area 212 ﷓a cargo González﷓. La vivienda fue saqueada. El operativo quedó acreditado en un acta del Ejército, que desliza que Marini se escapó media hora después de su caída. "Una versión inverosímil", la definió la Fiscalía. Cavadini dijo en el juicio que un policía de la comisaría 2ª, donde estuvo secuestrada, le confirmó que su esposo había sido asesinado en la comisaría 4ª.

En su alegato, los abogados querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné plantearon la necesidad de cambiar la calificación legal que pesa sobre González. En la primera etapa de la causa, la desaparición de Marini se consideró un "homicidio simple", que fijaría un límite de 25 años de cárcel por todos los hechos que se le imputan. Pero en el juicio, Puyol y Munné explicaron que había pruebas suficientes para considerarlo "homicidio agravado" y pidieron la única condena para este tipo de delitos: prisión perpetua. La fiscalía coincidió con el planteo de la querella y solicitó la misma pena.

El fiscal Patricio Longo acusó a González por el "allanamiento ilegal de domicilio" de los Marini, la "privación ilegal de la libertad" del matrimonio y el "homicidio doblemente calificado" de Marini. "Se ha probado que el secuestro fue llevado a cabo por un grupo de tareas, integrado por seis personas, que actuaron bajo el control operacional del Area 212", dijo el fiscal. "Fue la última vez que Cavadini vio con vida a su esposo".

Longo mencionó dos pruebas que agravaron la situación de González. Una, es el acta del secuestro de Marini, el 9 de diciembre de 1975, alrededor de las 21 y su supuesta fuga, media hora después. "Una versión inverosímil", dijo el fiscal. La otra, es un habeas corpus: el juez federal Elvio Cano le pide a González informes sobre el destino de Marini y el coronel le contesta. O mejor dicho, no le contesta porque se trata de "aspectos vinculados con el servicio, en los que se hallan en juego cuestiones que hacen a la defensa nacional" (sic). "Esto nos da la pauta que González sabía perfectamente quién era Marini y que había sido víctima del proceder de su tropa", agregó Longo.

"Se ha probado que González es el responsable penal de la muerte de Marini, conocía los medios que se utilizaron para cometer el homicidio y quiso y aceptó ese resultado porque ese fatal desenlace fue la consecuencia directa de su detención en la vivienda de calle Jujuy 3618", dijo el fiscal. "El secuestro y posterior desaparición de Marini no fue aleatorio (...) ni un hecho aislado o sorpresivo, porque ese mismo 9 de diciembre de 1975 a la mañana, también fue secuestrado" otro militante peronista, José Antonio Manfredi, aún desaparecido. "Se ha demostrado que González conocía perfectamente lo que estaba pasando, quiénes eran Marini y Cavadini, y sin su determinación, el allanamiento ilegal, los secuestros y el homicidio que se probaron en este juicio, no hubieran sucedido", agregó.

El fiscal Suárez Faisal planteó que González tenía un poder absoluto. Era jefe del Comando de Artillería 121, jefe de la Guarnición Santa Fe y jefe del Area 212. Y el 24 de marzo de 1976 comandó el golpe de estado en la provincia y asumió como interventor. "Siempre tuvo absoluto conocimiento y control sobre todos los procedimientos que se realizaron en la ciudad de Santa Fe durante su mandato militar".

"Sin temor a equivocarme, entiendo que el motivo que lo llevó a delinquir fue la criminal convicción que tenía acerca de que la llamada 'lucha contra la subversión' debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley. En esa comunión ideológica con el plan sistemático trazado por los altos mandos militares, González fue el perfecto ejecutor de ese macabro programa. Se valió de los resultados de sus delitos para adquirir 'prestigio' entre los altos mandos militares y eso lo llevó a convertirse en el primer gobernador de facto de esta provincia en la última dictadura", concluyó el fiscal.