La querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidió a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 6 la incorporación de la entrevista de Cambio16 al dictador Jorge Rafael Videla. La defensa oficial de Videla se opuso al planteo, pero ahora será el tribunal del juicio por el plan sistemático de robo de niños el que debe resolver. “Por un lado, en la entrevista, Videla reconoce cómo se organizaba la represión”, dice Alan Iud, abogado de Abuelas. “Refleja lo que se sabe del ejercicio orgánico y centralizado, y eso es un elemento relevante para el plan sistemático. Por otra parte, refleja la complicidad de la Iglesia con el terrorismo de Estado y en el juicio nos interesa remarcar esa complicidad, especialmente con la apropiación de niños, porque no sólo no prestaron ninguna colaboración para que las abuelas encontraran a sus nietos, sino que tuvieron organizaciones cómplices como el Movimiento Familiar Cristiano o la congregación de monjas en el Hospital militar de Campo de Mayo, sólo por mencionar alguno de los temas principales del juicio.”

Lo que dijo y no dijo Videla en la entrevista –que la querella de Abuelas y la organización HIJOS mencionan como “complaciente”– reactivó las dudas sobre sus verdaderas posibilidades de acudir a un juicio oral después de que se lo mostró casi en el lecho de muerte, a través de una pantalla, durante las primeras audiencias del plan sistemático. Hay preguntas pendientes sobre el robo de niños, que no le hicieron en la entrevista, por lo que Alan Iud infiere los motivos por los que acepta decir todo lo que dice en una entrevista y no acepta responder y declarar ante un tribunal.

Además de esas cuestiones, la entrevista abrió debates sobre lo que sí dijo, que puede ser especialmente importante en el juicio de robos de bebés, en el del circuito Camps o en el de Mar del Plata. En esos espacios aparecen una y otra vez nombres de los integrantes de la jerarquía de la Iglesia y de sus ayudantes, datos como los del Movimiento Familiar Cristiano que blanqueó apropiaciones o sobre la congregación de monjas que actuó en el Hospital de Campo de Mayo donde funcionó una maternidad clandestina o sobre la Brigada Femenina de San Martín, desde donde se llevaron a Victoria Montenegro, que estaba atendida por un grupo de monjas.

Con esa base el fiscal del plan sistemático, Martín Niklison, está reuniendo la información para su alegato. Los datos que hasta ahora estaban aislados marcan así una regularidad. Monseñor Montes, por ejemplo, que era auxiliar de Raúl Plaza, le dijo a Chicha Mariani que no busque más a su nieta porque estaba bien, con otra familia. Otro obispo le dijo a Licha de La Cuadra, la fundadora de Abuelas, que su nieta estaba siendo educada cristianamente. Monseñor Emilio Graselli, que todavía está vivo, le dijo más o menos lo mismo. El vicario castrense, Victorio Bonamín, le dijo a un pariente de Beatriz Castiglione, mirando un listado, que Beatriz debía ser liberada unas semanas más tarde. El entonces párroco del Obispado de Morón, Raúl Trotz, le dijo a Amelia Galeano que su amiga Teresita, que era catequista, ya estaba fuera del país y que su hija estaba siendo educada por una familia cristiana. Teresita está desaparecida y su hija recuperó su identidad después de años. Niklison inició una denuncia a Trotz en ese momento para que explique cómo accedió a la información. Pero no son los únicos casos, el fiscal los mencionó el domingo pasado en una entrevista con este diario. La familia de Alejandro Sandoval, por ejemplo, era de Entre Ríos y un cura del pueblo que era capellán del regimiento le dijo al padre que había tenido un varón y se fue corriendo.

“¿Cómo hace un obispo o un religioso para obtener información?”, se pregunta Niklison. Los datos marcan que muchas de esas personas tuvieron acceso a información. Y la pregunta es si eso puede encuadrarse penalmente. Uno de los casos en análisis en Plan sistemático y en La Plata es el de Graselli. Graselli dio testimonio cada vez que se lo pidieron e incluso entregó las fichas que escribía cuando lo visitaban las familias. Sin embargo, esa disposición ante la Justicia no lo exime de sospechas. Se puede pensar, dice uno de los fiscales, que él tuvo conocimiento e información de un delito. Pero pudo haber juntado toda esa información y hacer una conferencia de prensa en el Vaticano, cosa que no hizo. Un funcionario público que accede a la información de un delito y no lo denuncia peca de encubrimiento o incluso algunas de las formas de complicidad. ¿Graselli técnicamente era un funcionario público? Era secretario del Vicariato castrense, recibía un sueldo del Estado.

Una de las preguntas que los investigadores se hacen sobre qué hizo o dejó de hacer él mismo, los lleva a plantear una hipótesis que puede servir para entender otros casos: es cierto que Graselli dio información a algunas familias, datos como que no buscaran más porque tal niño estaba con una familia. Algunos se preguntan si eso fue un acto de nobleza o que, más bien, pudo haber sido parte de una ficción en la que entregaba datos para saciar las demandas de los familiares, para calmarlos, para que dejaran de reclamar y por lo tanto de hacer las denuncias.

En Mar del Plata, los fiscales del juicio llamado Base Naval II encontraron documentos que demuestran cómo el Obispado local funcionó de portero para el acceso de los familiares a la información que podía obtenerse en los centros clandestinos.