Para combatir la connivencia estatal con las redes de trata y explotación sexual de mujeres “hay que establecer fronteras más claras entre lo legal y lo ilegal”, concluyó Sidonie Porterie, titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y directora del informe “La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito”.

Porterie consideró como un problema el hecho de que la política criminal esté dirigida solo a perseguir la trata y no abarque a todo el fenómeno de la explotación sexual. “La clave en términos del problema criminal o de seguridad es desarrollar una clara política de persecución del proxenetismo en todas sus formas. Si no, la policía (y algunos otros) seguirán administrando el negocio, en la calle o en los burdeles, sea con mujeres tratadas, explotadas, o con quienes se reconocen a sí mismas como trabajadoras sexuales. Es sintomático de la falta de política sobre la explotación sexual que todos los prostíbulos, cabarets y afines reciben visitas periódicas de fuerzas provinciales y federales (inspecciones), pero en más del 90 por ciento de las veces no encuentran ningún delito, o con suerte, infracción a la Ley de Profilaxis”, observó Porterie.

Actualmente existen mecanismos institucionales que rodean la práctica de la explotación sexual, como ocurre en numerosos municipios donde otorgan una libreta sanitaria a las “alternadoras” y habilitan como whiskerías o pubs sitios que en realidad son prostíbulos. “Estas situaciones le otorgan una falsa legitimidad a la actividad y alimentan su naturalización”, advirtió Porterie. Sin embargo, en la Argentina, la práctica prostibularia y la explotación sexual están prohibidas, pero no así el ejercicio de la prostitución.

Para la directora del Inecip, “si el Estado no define qué se debe perseguir y qué no, la política pública contra la trata y la explotación sexual seguirá en un híbrido por el que se visibilizan los ‘excesos’ (o formas más abusivas), pero no se erradica la explotación ni el negocio policial en el sostenimiento de la actividad”.