Mientras los redactores de La Nueva Provincia publicaban comunicados oficiales y editoriales pidiendo “limpiar la ciudad”, un grupo de obreros de la imprenta enfrentó a la empresa durante los años previos al golpe. El costo: secuestro, tortura y asesinato del maquinista Enrique Heinrich y del estereotipista Miguel Angel Loyola, secretario general y tesorero del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca.
En abril de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores del monopolio resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado. La medida “rompe el intento de diálogo”, explicó el asistente de dirección Federico Massot al delegado del Ministerio de Trabajo Américo De Luca. Tan abierto era el diálogo que Diana Julio se negaba a compartir una oficina con sindicalistas. En medio de referencias a Heinrich y Loyola, Massot destacó los “fines políticos inconfesos” que ocasionan “un grave daño a la Nación (sic) al alterar la tranquilidad pública que ve, alarmada, la repetición de estas medidas de fuerza”.
Un año después, tras el golpe y nuevos despidos, Acdel Vilas puso la casa en orden. Loyola, 28 años, fue secuestrado el 30 de junio de 1976. Los integrantes del grupo de tareas que lo esperaron en su domicilio le inyectaron somníferos a las siete personas que había en su casa, incluida la mujer del obrero, embarazada. Por la mañana, cuando despertaron, Loyola ya no estaba. A las cuatro de la madrugada la banda fue en busca de Heinrich, 31 años, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta a patadas y cuatro hombres armados entraron a la habitación. “Somos de la Federal”, dijeron. Los chicos lloraban y la mujer luchaba para detenerlos. Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. LNP no informó de los secuestros. El domingo 4 de julio los dos cadáveres aparecieron en un paraje a 17 kilómetros de Bahía Blanca, maniatados por la espalda y destrozados a tiros. Alrededor había 52 vainas calibre 9 milímetros. Dos días después, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, algún valiente compañerode redacción aclaró en su breve crónica: “Se desempeñaban en la sección talleres de este diario”.
Aún hoy la empresa no cesa en su lucha por garantizar los derechos laborales. En febrero la Cámara Federal local rechazó un recurso de amparo del hombre de confianza Domingo Mario Marra, que dada la “grave” situación económica de Radio Bahía Blanca pretendía no pagar los cien pesos de “asignación no remunerativa de carácter alimentario” decretada por Duhalde. Carece de “ilegalidad o ilegitimidad”, escribió la Cámara. Antes, el fiscal general Hugo Cañón dictaminó que las circunstancias planteadas “afectan también la economía familiar, situación de mayor gravedad en tanto se trata de la subsistencia de un trabajador asalariado y la de las personas que de él dependen”. Y “no corresponde” que los empleados soporten “las supuestas pérdidas de la empresa en tanto tampoco se ha participado a los asalariados en las utilidades”.