A fines de 2000, un año antes de que se instaurara el corralito, agravando la crisis económica que desembocó en la devaluación y el hiperdesempleo, Franco Macri tomó una decisión: abandonar el alto perfil y limitar la exposición pública. Ni siquiera organizó la multitudinaria fiesta de fin de año en Punta del Este, una tradición entre la farándula y los políticos habitués de esa playa. Macri, ostentoso y provocador en otros tiempos, no quería dar muestras de opulencia. Había llegado el momento de resguardarse. Temía por su seguridad y la de su familia.
Lejos del glamour, Macri se limitó a hablar de sus problemas económicos. El también tenía para quejarse. Puntualmente de la deuda en dólares que sus empresas habían contraído con el sistema financiero. En total, 472 millones de dólares. Apenas colapsó la Convertibilidad reclamó “medidas drásticas, como por ejemplo estatizar toda la deuda privada”. El gobierno de Eduardo Duhalde no le hizo caso, pero pesificó uno a uno esos pasivos a pesar de la devaluación. Esa medida, aunque no tan amplia como la reclamada por Macri, tuvo un costo multimillonario, que terminó pagando toda la sociedad. No importó que Macri, como hicieron otros tantos empresarios argentinos, hubiera embolsado millones de dólares durante los ‘90 al vender sus compañías. La licuación de la deuda bancaria lo benefició a pesar de que invirtió gran parte de ese dinero en nuevos negocios en Brasil.
“Soy un brasileño más”, provocó, desde la tapa de una revista especializada en negocios del país vecino. Dijo que sus objetivos eran generar riqueza, empleo y rentabilidad, un marco que había encontrado en Brasil, y ya no en la Argentina. En el socio del Mercosur activó una amplia gama de negocios: desde la industria frigorífica a la construcción y la industria alimentaria.
Su inserción en Brasil fue un aviso más de que la Argentina de fines de los ‘90 se desbarrancaba. Macri, otrora capitán de la industria en los años ‘80 y dueño de uno de los grupos económicos que disfrutó de la Convertibilidad y de las privatizaciones –se quedó con el Correo y con las concesiones de algunas rutas–, cambiaba de rumbo. Otra vez. Como cuando, tras dos décadas de liderazgo, dejó la industria automotriz al cederle Sevel a Peugeot Citroën, en medio de un quebranto financiero. Soportó una sanción económica por las sospechas de manipulación en el precio de la acción de Sevel en la Bolsa y la investigación por evasión impositiva en la importación de autos desde Uruguay. Hasta que llegó a un acuerdo económico con Impositiva abonando 8 millones de pesos. El último traspié fue con el Correo, con el cual mantiene un conflicto con el Estado por canon impago.