La derrota judicial más resonante de las tabacaleras fue en 1998, en Estados Unidos: quedaron obligadas a indemnizar por miles de millones, a modificar políticas de promoción y a hacer públicos sus documentos internos. En la Argentina, hasta ahora, los juicios contra las empresas fracasaron. Por lo demás, las tabacaleras también apelan a las acciones judiciales cuando se sancionan leyes restrictivas: así por ejemplo en Uruguay, en Australia y también contra la provincia de Santa Fe.

“En el orden internacional, en cuanto a juicios contra las tabacaleras, se destaca el juicio que en Estados Unidos, en 1994, inició el procurador general, junto con 46 estados, contra cuatro empresas. El resultado fue la firma del Master Settlement Agreement, firmado en 1998, por el cual la industria aceptó pagar unos 200.000 millones de dólares. Además, las tabacaleras hicieron concesiones en cuanto a estrategias publicitarias engañosas y anuncios dirigidos a menores de edad. La industria aceptó hacer públicos sus documentos internos, que hoy pueden consultarse en www.legacy.org, sitio de una ONG dedicada al tema”, precisó Belén Ríos, responsable del área legal de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina.

“En la Argentina, hasta ahora fracasaron todos los juicios contra la industria tabacalera. Fueron quince, en su mayoría por daños y perjuicios, contra Massalin Particulares o Nobleza Piccardo, generalmente por parte de personas enfermas por el consumo de tabaco o de sus deudos; todas las demandas fueron desestimadas supuestamente porque no se pudo comprobar el daño”, admitió Ríos.

Respecto de juicios promovidos por la industria tabacalera para defender sus intereses, “quizá los más interesantes son los que cuestionan las prohibiciones a la publicidad argumentando que violan la libertad de expresión. En la Argentina está en curso el que Nobleza Piccardo promueve contra la provincia de Santa Fe, contra la ley que, desde 2006, estableció la prohibición completa de la publicidad de tabaco. El procurador de la provincia, al responder la demanda, señaló la diferencia entre la libertad de expresión protegida por la Constitución nacional y la liberad comercial, que puede limitarse para proteger el derecho a la salud. La demanda fue inicialmente rechazada y, tras sucesivas apelaciones, está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las tabacaleras también hicieron juicios de este orden en Colombia y Perú, y en ambos países los tribunales rechazaron las demandas”, explicó la abogada.

“Philip Morris International accionó también contra Uruguay, sosteniendo que la ley de ese país, que requiere advertencias sanitarias en el 80 por ciento de la superficie del paquete, viola acuerdos sobre propiedad intelectual contenidos en un tratado bilateral entre Uruguay y Suiza. En este caso, la acción se sustancia ante el Ciadi, tribunal internacional. Otro caso reciente a destacar es la acción de cuatro empresas tabacaleras, entre ellas la British American Tobacco, contra Australia, después de que el Parlamento de ese país, en 2011, sancionara una ley para limitar el uso de marcas en los paquetes de cigarrillos”, finalizó Ríos.