Página/12 se comunicó telefónicamente con el estudio jurídico Cárdenas, Di Ció, Romero y Tarsitano, que representa a la firma Nobleza Pi-ccardo, a su vez subsidiaria de British American Tobacco. Respondió a la consulta uno de los abogados a cargo de contestar la demanda presentada por Emma Mendoza y la Asociación Argentina de Derecho de Daños.

–El expediente es público en Tribunales, hay una batería muy grande de pruebas, tanto de la parte actora como por nuestra parte, no hay nada de particular, es un caso más para nosotros –dijo el abogado.

–¿Qué medidas de prueba se destacan entre las que ustedes proponen?

–Están todas en el expediente, no tengo nada en particular, es un juicio más de responsabilidad de producto.

–Bueno ¿me podría decir su nombre?

–Lo atiendo de buena gana, pero no quiero revelar mi nombre.

–En los últimos años se ha cuestionado en términos éticos a médicos y otros profesionales que trabajan para tabacaleras, dada la toxicidad del producto. ¿Se plantea usted algo en este sentido?

–Defiendo a mi cliente. Se trata de una industria lícita, permitida y fomentada por el Estado.

–Le insisto, ¿podría darnos su nombre?

–No.