Las demandas legales promovidas por las tabacaleras contra las medidas antitabáquicas “son sólo una de sus estrategias de interferencia –advirtió la titular de FIC Argentina, Fundación Interamericana del Corazón–: otras son el lobby para evitar que se sancionen leyes o que se cumplan las ya sancionadas, los ‘programas de ayuda a la comunidad’ o las alianzas con quiosqueros o dueños de discotecas”. La investigadora señaló que “la mejor herramienta contra esas estrategias es la aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco”, que la Argentina sigue sin ratificar.

“Cuando, en 1993, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos emitió el primer reporte sobre los efectos potencialmente mortales del humo de tabaco ajeno, la industria tabacalera le hizo juicio y consiguió que un juez, que antes había sido lobbista de la industria, fallara a su favor. La EPA apeló y finalmente, con evidencia científica incontrastable, ganó el caso pero fue recién en 2003: habían transcurrido diez años a favor de los intereses de la industria”, ejemplificó Verónica Schoj, titular en la Argentina de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), y puntualizó que “las empresas tabacaleras se lanzan a hacer juicios cuando sus otras estrategias de interferencia no dieron resultado. Por eso en Estados Unidos, donde los efectos tóxicos del tabaco se hicieron públicos antes, la industria empezó a hacer juicios en los ’90. En América latina empezaron en la última década, de la mano del avance sustancial que, en la mayoría de los países, se produjo gracias al Convenio Marco para el Control del Tabaco”.

En cuanto a los demás mecanismos de interferencia de la industria tabacalera, “uno de ellos es hacer lobby antes y después de la sanción de leyes que afecten su negocio: tienen gente que escribe proyectos de ley que les convengan y los acercan a los legisladores; por ejemplo, la recomendación de áreas para fumar separadas por aparatos purificadores, que en los ’90 se incluyó en leyes de más de 10 países latinoamericanos. Cuando no han podido frenar la sanción de una ley que no les conviene, la estrategia es frenar su reglamentación o su implementación”, agregó Schoj.

“Otra estrategia de interferencia son los ‘programas de responsabilidad social corporativa’: a menudo en colaboración con los gobiernos o con organizaciones sociales, asfaltan calles, financian programas contra la pobreza o para reducir el trabajo infantil, en fin, cosas difíciles de rechazar, a cambio del silencio y la paralización de leyes de salud. También, construyen alianzas con diversas entidades para que funcionen como grupos de fachada: financian a grupos ‘de defensa de los derechos de los fumadores’, asociaciones hoteleras y gastronómicas, empresas de salas de juego y asociaciones de discotecas, tratando de que las prohibiciones de fumar no rijan en esos lugares –continuó–. También se utiliza mucho a los quiosqueros como grupo de fachada”, continuó la investigadora.

“También contratan científicos para que pongan en duda la evidencia científica sobre los efectos del tabaco”, indicó. “El artículo 5.3 del Convenio Marco obliga a los Estados a garantizar transparencia respecto de la interferencia de la industria y, en los últimos años en casi toda América latina (la Argentina sigue sin ratificar su adhesión), las organizaciones de la sociedad civil recurrieron a él para monitorear la acción estatal. Es importante detectar y exponer públicamente estas interferencias –insistió Schoj–. La industria hace todo el tiempo este tipo de acciones, muchas veces ilegales, y miente todo el tiempo. Está documentado que, desde la década de 1960, las empresas sabían que el tabaco es adictivo, pese a lo cual, en la década de 1990, sus dueños llegaron a jurar en acto público que no lo era. Pese a todo esto, en muchos países la industria conserva bastante prestigio, apoyada en el discurso de que son empresas legales, que pagan impuestos y dan trabajo. No tienen todavía la imagen social que corresponde a su comportamiento: venden un producto mortal y utilizan mecanismos corruptos para obstaculizar políticas de salud pública.”