El fiscal federal Jorge Di Lello propuso el sobreseimiento de los integrantes del estudio jurídico vinculado con el ex procurador general de la Nación Esteban Righi, que fueron denunciados por el vicepresidente Amado Boudou en medio del revuelo generado por la causa de la ex Ciccone Calcográfica. Según Boudou, la esposa de Righi, Ana María García, y sus socios Fabián Musso y María José Labat (esposa del ministro de Justicia porteño Guillermo Montenegro), le habían ofrecido hacer lobby en los tribunales federales porteños presagiándole que tendría problemas con la Justicia, lo que él a la larga relacionó con la investigación en la que se intenta determinar qué papel jugó en la quiebra y rescate de la imprenta. El fiscal concluyó que “pese a los esfuerzos del denunciante por probar sus dichos”, ninguno de los testigos ofrecidos “pudo dar cuenta” del contenido ni los motivos de las reuniones, en 2009 y 2010, donde lo visitaron los abogados en cuestión. Di Lello también desvinculó al titular de la Bolsa, Adelmo Gabbi, de un supuesto ofrecimiento de dádivas.

“Debemos decir que al no haberse podido acreditar los extremos de la denuncia, es decir, que durante el desarrollo de las audiencias se hubiere dado, ofrecido o prometido algún tipo de dádiva al denunciante, ni mucho menos tampoco que se le hubiere insinuado o formulado a éste algún tipo de sugerencia en relación con presuntas relaciones o influencias que le evitarían problemas con la Justicia, resulta evidente que corresponde a esta altura del proceso dar un corte definitivo a la investigación, en la tesitura de que ningún hecho de características delictivas ha podido ser verificada”, concluyó Di Lello en un dictamen que le presentó al juez federal Ariel Lijo, quien deberá decidir si hace lugar a los sobreseimientos.

La denuncia de Boudou, lanzada primero en una conferencia de prensa y llevada luego a tribunales, fue el disparador de la repentina renuncia del ex procurador. El vicepresidente dijo entonces que los abogados del estudio que integran su mujer y su hijo habían ido a verlo en dos ocasiones: primero cuando era titular de la Anses le ofrecieron buen lobby e influencias en los tribunales de Comodoro Py ante cualquier eventualidad; luego, cuando ya estaba en el Ministerio de Economía, dijo que la propuesta apuntaba a lograr el cierre de causas en trámite en su contra. En relación con Gabbi, Boudou dijo que se presentó ante él en 2011 sugiriendo un arreglo económico para favorecer a la empresa Boldt, que pretendía quedarse con el manejo de la ex Ciccone Calcográfica.

Aunque los encuentros existieron, el fiscal señaló que ninguno de los testigos (secretarias, jefes de ceremonial y el abogado de Boudou, Eduardo Durañona), “supo dar fe ni antes, ni durante ni después de que estas audiencias se llevaron a cabo, el porqué las mismas habían tenido lugar, ni mucho menos de su contenido; más allá de las fechas en que se desarrollaron y los aparentes motivos de carácter general que tuvieron”. En las reuniones con los abogados, además, dijo que “no hubo ofrecimiento o promesa de dinero alguno ni tampoco se pactó entrega de dádiva”. En el caso de Gabbi, el fiscal postuló que tampoco se probó ofrecimiento de dinero ni que él haya actuado en nombre de un tercero para influir sobre Boudou.

En la causa en la que se investigan presuntas negociaciones incompatibles y lavado en relación con la ex Ciccone, Di Lello le pidió al juez Lijo que a su vez le requiera al juez de la quiebra, Javier Cosentino, que a partir de la estatización de la empresa no se autorice ningún pago de deudas a acreedores que no estén identificados.