Entre muchos otros casos, el affaire de la AFJP Siembra, del Citi, del que informara en exclusiva Página/12 –un caso de falseadas operaciones bursátiles en perjuicio de los afiliados–, es un ejemplo contundente de la necesidad de integrar el control por parte del Estado. En ese episodio, llevado a la Justicia y con encarcelamientos dispuestos, intervinieron esa Administradora, una Sociedad de Bolsa (Rabello) y un banco (el Privado de Inversiones), actividades cuya fiscalización corresponde a otros tantos organismos diferentes, cuya acción rara vez se coordina.
Un estudio realizado en el ámbito del Ministerio de Economía, ya bajo la gestión de Roberto Lavagna, detectó numerosas modalidades utilizadas por los financistas para maximizar sus ganancias a costa de sus indefensos clientes. Así, una determinada AFJP no buscará la mejor inversión para elevar la rentabilidad de los fondos de capitalización. En lugar de ello, si el banco del mismo grupo necesita liquidez, le colocará todo el dinero posible a plazo fijo, aunque de ese modo concentre el riesgo.
Esto ocurrió, por ejemplo, en los últimos meses del 2001: mientras los depositantes buscaban escapar de los bancos porque olían el peligro, las AFJP abrían nuevos plazos fijos con la plata de sus aportantes. No muy diferente ha sido el comportamiento de diversos Fondos Comunes de Inversión, que tendieron a poner los fondos captados del público en Obligaciones Negociables y acciones de empresas vinculadas.
Se comprobó también que, con frecuencia, aunque un activo financiero disponible en el mercado ofreciera una mayor rentabilidad a igual riesgo, el inversor institucional elegía otro, por el simple hecho de que correspondía al mismo conglomerado. Con ello defraudaba la confianza del público, pero no recibía sanción alguna. Es más: muchas conductas evidentemente perjudiciales para la clientela, como la sistemática contratación con vinculadas, no están penalizadas por las normas.
La propia Superintendencia de AFJP criticó en un documento oficial a las Administradoras por suscribir las pólizas con las aseguradoras hermanas, pero no emprendió acción alguna para impedir esta práctica. Dejar hacer, dejar pasar ha sido –y es por ahora– la consigna a la que se atuvieron los organismos estatales de sedicente control.