Por R. D.

El futuro ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dispondría la formación de un cuerpo de inspectores especializados en la detección del trabajo en negro. El funcionario que reemplazará a Graciela Camaño cuando asuma Néstor Kirchner estimó en tres millones la cantidad de trabajadores que se desempeñan sin estar inscriptos. “Son trabajadores sin obra social, que no tienen ningún tipo de aportes y sin posibilidad de acceso a la jubilación”, destacó Tomada, al justificar que el trabajo en negro constituya “una gran preocupación” para la próxima gestión en el área laboral.
Durante una entrevista radial, Tomada señaló que encarará el combate a la evasión previsional en dos etapas. En la primera “pensamos recurrir a un equipo de inspectores preparados en la tarea preventiva, recorriendo todo el país para saber quiénes tienen empleados en negro”, señaló. “La segunda etapa será la de las sanciones”, dijo, destacando que el acento se pondrá sobre las grandes unidades económicas que violen la ley. “No tiene sentido que el Ministerio de Trabajo caiga sobre un tallercito o un kiosco”, comentó.
No es la primera vez que un ministro de Trabajo plantea el combate a la evasión previsional como una de sus prioridades, pero es menos frecuente que la voluntad política se acompañe con la formación de un cuerpo específico de inspectores. Según señalaron allegados al futuro ministro, el propósito no es meramente recaudatorio, sino que se intenta rescatar a una importante franja de la población que se mantiene en una condición de marginados aun teniendo trabajo.
Admiten, además, que la tarea de prevención y regularización se hará cuesta arriba si la cartera laboral no logra el apoyo de las organizaciones sociales y, en particular, las sindicales. En muchos casos los trabajadores en negro temen denunciar su propia situación por temor al despido. Y además no son pocas las patronales que cuentan con la “complicidad” de sindicatos que hacen la vista gorda.
Un ejemplo que ayer recordaban especialistas laborales cercanos a Tomada es el del aumento no remunerativo dispuesto para todos los trabajadores en relación de dependencia: se calcula que, al menos, un 40 por ciento de ellos jamás lo recibió, sin que las autoridades ni los sindicatos hayan denunciado la situación. Si ese tipo de irregularidades se producen sobre trabajadores en blanco, reflexionaban, qué no puede suceder con trabajadores ocultos.