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Apurada renegociación del contrato que concedió 32 aeropuertos nacionales ejemplifica el mismo desdén por la ley que inspiró los indultos. En este caso, todas las sospechas se justifican. Duhalde resolvió por decreto y ni siquiera consultó con la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones. El concesionario fue liberado del canon fijo de 170 millones anuales a cambio de otro mensual que se medirá en proporción a los ingresos que perciba, según el tráfico de pasajeros, con lo cual el riesgo empresario es asumido como de costumbre por la sociedad. También quedó relevado de la obligación de mudar el Aeropuerto Jorge Newbery. Los dos años del canon que la empresa de Eduardo Eurnekian adeuda al Estado quedaron al margen del acuerdo y se seguirán discutiendo en la justicia, donde Aeropuertos Argentina 2000 aduce que deben compensarse con una serie de inversiones en exceso que afirma haber realizado. La diputada y Secretaria General del Sindicato de Aeronavegantes Alicia Castro reclamó a Kirchner, “que asume con el propósito anunciado de combatir la evasión yla corrupción”, que anule este decreto “escandaloso, perjudicial para el patrimonio público y los intereses de los argentinos”. Según Castro además del canon, los impuestos y las cargas sociales, la empresa tiene un atraso de inversiones. En total su deuda con el Estado rondaría los mil millones de dólares. La Auditoría General de la Nación había constatado un cúmulo de incumplimientos del concesionario que hacían recomendable la rescisión del contrato.
El resto de las empresas privatizadas reclama beneficios equivalentes. En el nuevo gobierno se dibujan dos posiciones. La del ministro de Economía, Roberto Lavagna, consiste en conceder aumentos de tarifas a cuenta de una renegociación posterior. La del ministro de Planificación Federal, Inversiones y Servicios, Julio De Vido, invierte el orden: primero la renegociación, y si corresponden, los aumentos. De Vido fue ministro de Kirchner en Santa Cruz y se lo considera uno de sus hombres de máxima confianza. En principio su propuesta no entra en colisión con la larga tradición nacional de los contratos abiertos que se renegocian en forma constante. Pero tanto De Vido como Kirchner anunciaron que se proponen analizar las inversiones reales efectuadas por cada concesionario y la rentabilidad que obtuvieron antes de conceder cualquier incremento de tarifas. Esta sí es una novedad, que ha sorprendido a los licenciatarios. Lavagna supone que en cuanto el gobierno comience a rodar esas definiciones tajantes se irán suavizando, sobre todo a la luz de la presión abierta que en ese tema ejercen los organismos internacionales de crédito.
Esto ha dado lugar a una presentación de un grupo de organizaciones no gubernamentales argentinas ante la Oficina Independiente de Evaluación del Fondo Monetario Internacional, que funciona como un auditor interno de las políticas y la actuación del organismo. Varios entes de consumidores, el representante de los usuarios en la Comisión de Renegociación de Contratos y el Centro de Estudios Legales y Sociales sostienen que los directivos del FMI han incurrido en graves irregularidades al presionar al gobierno por el aumento de tarifas. La presentación recuerda que la ley de emergencia económica autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos teniendo en cuenta el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas comprendidos y, recién entonces, la rentabilidad de las empresas.
Las ONG recuerdan un diálogo de Lavagna con el FMI, narrado por el propio ministro: “Nos dijeron que había que buscar un consenso. Nosotros les dijimos que sí, si se entendía que el consenso incluía a los consumidores. Esto obviamente provocó ciertas sonrisas del lado del FMI, porque estaban pensando no en un consenso sino en un acuerdo con las empresas, que no es lo mismo”. Añaden que el director de Relaciones Externas del Fondo, Thomas Dawson, reveló que los aumentos en las tarifas eran reclamados por los países europeos, con representación en el directorio, de la misma nacionalidad de las empresas privatizadas beneficiadas. “El FMI impuso al gobierno argentino una suba en las tarifas de los servicios públicos con el fin de satisfacer los intereses de las empresas privadas cuyos accionistas, en muchos casos, son empresas públicas europeas.” Pero esto no se compadece con ninguno de los fines establecidos en el Convenio Constitutivo del FMI (cooperación monetaria, expansión del comercio, lo cual mejoraría los niveles de ocupación e ingresos en todos los países, corrección de los desequilibrios en la balanza de pagos). En cambio, el pedido de aumento de tarifas “parece responder, meramente, a la protección de los intereses empresarios. Se confunden las cuentas públicas con las privadas. No puede pensarse en ninguna relación entre el aumento de las tarifas y las metas del organismointernacional. Es evidente que existe una extralimitación de las facultades del FMI”, agrega la presentación. La Oficina Independiente de Evaluación del Fondo respondió que tomaría en cuenta sus términos, cosa que hasta ahora no parece haber hecho, ya que los reclamos de aumentos siguen en su pliego de condiciones. Para resistirlos, los funcionarios del gobierno que hoy se inicia encontrarán buenos argumentos en un libro de aparición reciente: Las privatizaciones en la Argentina, diagnósticos y propuestas para una mayor competetividad y equidad social, del investigador de FLACSO Daniel Azpiazu. Sus reflexiones finales recuerdan que “la necesaria reconfiguración de la relación Estado-empresas privatizadas-sociedad civil, deberá inscribirse, compatibilizarse y articularse con el conjunto de políticas públicas que, bajo esos mismos objetivos de recuperación económica con creciente equidad social, prioricen los intereses sociales sobre los de unos pocos, aunque muy poderosos, agentes económicos locales e internacionales”. Bastó que Kirchner anunciara que su gobierno no sería presa de las corporaciones para que la expectativa popular creciera hasta niveles olvidados en décadas de engaños y decepciones. Hoy comienza la prueba.