Días antes de lo previsto, el ministro de Trabajo salió ayer al ruedo con dos anuncios auspiciosos para empleados y beneficiarios del subsidio Plan Jefas y Jefes de Hogar. Para los desocupados, la buena nueva es que esta subvención de ahora en más se pagará en pesos y no en Lecop. Para los trabajadores, la noticia comunicada por Carlos Tomada es que se prorroga hasta fin de año la doble indemnización que la Ley de Emergencia Económica prevé para quienes sean expulsados sin causa, prerrogativa que debía expirar a fin de mes. Pero esa extensión, que tanto malhumoró a los empresarios, en rigor es más un gesto político hacia los ocupados y sus organizaciones gremiales que una contención eficaz para los despidos, los que en el último año habrían seguido su ritmo histórico. La verdadera apuesta para amparar a quienes hoy están bendecidos con un empleo son algunos proyectos de ley con media sanción, a los que el gobierno de Néstor Kirchner aún no dio el guiño para que prosperen en el Parlamento.
Ambos temas están incluidos en la agenda de coyuntura que el gabinete de la cartera laboral comenzó a armar este sábado. En ella figura la decisión de girar a las provincias pesos en lugar de Lecop para el pago de los 2 millones de subsidios del Plan de Jefas y Jefes de Hogar, a tono con la medida alentada por el Fondo Monetario Internacional de erradicar las cuasimonedas en circulación y, al mismo tiempo, con la mejora fiscal, que le permitiría al Tesoro nacional tener este año un superávit primario superior al pautado.
Según la versión de Trabajo, el pago de los planes en títulos respondió, en realidad, a un pedido que formularon las provincias para evitar que sus trabajadores, que cobran en bonos, se sintieran discriminados. Ahora, en pleno programa para reemplazar las cuasimonedas del interior, la Nación habría decidido hacer valer su criterio original sobre la modalidad de pago. Y, según promete la cartera de Tomada, el próximo anuncio sobre el tema posiblemente gire en torno de cómo garantizar que en todos los distritos del país realmente haya una contraprestación a cambio del subsidio.
Otra de las miras de Trabajo estaría puesta sobre las empresas, que en virtud de la emergencia ocupacional deben indemnizar doble a los empleados que expulsen “sin causa”. Según hizo saber el equipo de Tomada, seguirá analizando la posibilidad de derogarla en forma escalonada, pero esto sólo será a partir de fin de año.
No está claro cuál ha sido el rédito concreto de la doble indemnización, pero Tomada decidió prorrogarla nuevamente con el argumento de que es mejor mantenerla hasta que “haya una política de ingresos mejor”. Según calcula el laboralista Héctor Recalde, desde que rige la emergencia ocupacional se habrían perdido 550 mil puestos de trabajo. En muchos casos, a través de acuerdos celebrados en una escribanía entre el despedido y su empleador, por el cual éste puede eludir la duplicación.
Quizá resulten un amparo más eficaz para los trabajadores los proyectos con media sanción de Diputados que revierten parcialmente la flexibilización laboral aprobada por el Parlamento hacia el final de la gestión menemista. Entre ellos, el que reduce temporalmente el período de prueba extendido hasta un año o la iniciativa que intenta aumentar los montos indemnizatorios, reducidos por la denominada “ley Erman González”. El paquete también incluye la derogación del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita aquellos acuerdos en escribanía. Pero, al menos ayer, lo que perturbó el ánimo de los empresarios es el anuncio de una prórroga que rompe con el acuerdo suscripto entre el gobierno anterior y algunas entidades patronales, entre ellas la Unión Industrial Argentina. Jorge Sorabilla, directivo del gremio industrial, ayer defendió la idea de suprimir ese amparo a los trabajadores con un argumento que sería difícil de objetar para el Gobierno. “La doble indemnización fue creada para un mercado recesivo. Pero ahora, que está enexpansión, atenta contra la libre empresa y es una señal equivocada”, se quejó.