El renunciante Procurador General del Tesoro, Carlos Sánchez Herrera, no sólo defendió al ex jefe de la Zona de Seguridad 4 y de la subzona de seguridad 11, general Juan Bautista Sasiaiñ. También fue uno de los lobbystas del Ejército que primero diseñaron la estrategia de las defensas de todos los acusados en los juicios abiertos en 1984 y luego presionaron sobre el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín en procura de cerrarlos.
El presidente Néstor Kirchner se enteró por la lectura de este diario que Sánchez Herrera defendía a Sasiaiñ en la causa por el robo de bebés, por la cual el militar está bajo arresto domiciliario. Interrogado por Adriana Meyer, autora de la nota, Sánchez Herrera se presentó tal como lo conocía Kirchner, como un especialista en derecho comercial y administrativo, sin ninguna militancia. Amigo del secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Raúl Galmarini, Sánchez Herrera se convirtió en un abogado requerido por las provincias que mantenían litigios con la Nación, entre ellas Santa Cruz bajo la administración de Kirchner. Sánchez Herrera también dijo que condenaba el robo de bebés y que no estaba consustanciado con su cliente. Hay elementos que señalan lo contrario.
Sánchez Herrera fue uno de los abogados que contrató el Ejército al concluir la dictadura militar, como asesor estratégico en la denominada “batalla jurídica”. El entonces Jefe de Estado Mayor, Héctor Ríos Ereñú, expuso sus conceptos ante 300 oficiales en el Comando Logístico del Ejército el lunes 5 de mayo de 1986. “No hay que olvidar que estos son hechos políticos, con final político, pero ahora se presentan como una batalla jurídica... A mí me vienen cada dos por tres con ideas vacías que no solucionan nada. Hacer un golpe ahora es postergar el problema para dentro de diez años, porque un golpe es reprimir y se puede reprimir cualquier cosa menos el pensamiento... Hasta ahora el balance es de muchas nubes negras y un mínimo de detenciones, es decir una batalla con pocas bajas... La línea de concesiones máximas del Ejército no pasa por cortar en algún grado la sucesión de juicios, sino en pagar el menor costo final... Quedará para el futuro cuando el tiempo y el espacio lo permitan si es que podemos: reivindicar a nuestros comandantes.” El alzamiento de la Semana Santa del año siguiente frustró ese propósito, aunque realzó la capacidad de previsión de Ríos Ereñú.
En 1992, distintas personas y organizaciones impugnaron la designación como juez de la nueva Cámara Nacional de Casación Penal del ex funcionario de la Procuración General y de la Corte Suprema Alfredo Bisordi. Uno de los cargos fue por su desempeño como secretario del ex juez federal de la dictadura Norberto Angel Giletta, para quien redactaba las decisiones en rechazo de los recursos de hábeas corpus que presentaban los familiares de detenidos-desaparecidos. Bisordi sorprendió a los senadores con revelaciones sobre temas acerca de los cuales nadie le había preguntado. “La defensa de los militares la asumió el Ejército institucionalmente y le costó mucho dinero al país. Es decir, el Ejército pagó los servicios profesionales de los abogados.” Entre los responsables de esa tarea mencionó a José Nicasio Dibur, Andrés Marutián y Carlos Sánchez Herrera. El menemismo designó a Dibur como asesor en el ministerio de Justicia, donde seguía el 8 de abril de este año. En su representación asistió a la reunión convocada por la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado para analizar el proyecto de ley antiterrorista del entonces jefe de la SIDE, Miguel Tomanzano.
Luego del alzamiento carapintada, el Poder Ejecutivo consiguió que el Congreso votara la ley de obediencia debida. Comenzó entonces una nueva batalla jurídica, esta vez por la interpretación acerca de quiénes podían beneficiarse con ella y quiénes no. Al producirse una vacante en la Cámara Federal de la Capital, donde estaban radicadas las causas más importantes, la secretaría de justicia tenía dos candidatos. Pero el sucesor de Ríos Erenú en el Ejército, general José Caridi, almorzó con el entonces Procurador General, Andrés D’Alessio, y le recomendó a un tercero, que resultó electo: Juan Rodríguez Basabilvaso, un primo del ex ministro de la dictadura, Alberto Rodríguez Varela, quien lo designó en su primer cargo judicial poco después del golpe. Acompañaban a Caridi en aquel almuerzo los abogados Marutián, Julio Martínez Vivot (h) y Carlos Sánchez Herrera.