El presidente Néstor Kirchner firmaría hoy el decreto con el que se autolimitará en la designación de los futuros miembros de la Corte Suprema. El objetivo es que los integrantes del alto tribunal no se elijan a dedo o por negociaciones políticas, sino que se trate de una selección pública basada en la idoneidad profesional y ética.
Los representantes de las seis organizaciones no gubernamentales que aportaron los lineamientos de la propuesta –Poder Ciudadano, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asociación por los Derechos Civiles, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y la Unión de Usuarios y Consumidores– fueron convocados para hoy a un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Allí el Presidente anunciaría la firma del decreto.
Esta medida implicará que se publicitará el o los nombres de los aspirantes a ministros de la Corte y que habrá un plazo para presentar impugnaciones fundadas. También habrá consultas con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema.
En el documento elaborado por las ONG que sirvió como guía para el decreto se señalaba que debía exigirse una declaración jurada de los antecedentes laborales, ex clientes y empresas o estudios de abogados en los que participó el candidato, para que la Oficina Anticorrupción pueda evaluar posibles incompatibilidades en eventuales fallos. Además, se sugería que se tuvieran en cuenta el género, la procedencia regional y la especialización jurídica a la hora de buscar un futuro supremo.
El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, se reunió hace quince días con las ONG y allí se comprometió a elaborar el decreto y a no cambiar un tribunal adicto por otro igual. “O tenemos una Corte para la democracia o una Corte para la impunidad”, aseguró, además de criticar duramente a algunos de los integrantes del tribunal.
En Gobierno se manejaron con rapidez porque aspiran a que el puesto del cuestionado presidente de la Corte, Julio Nazareno, esté disponible en corto plazo. Creen que en menos de un mes los diputados podrán elevar al Senado los cargos del juicio político contra el ex socio de Carlos Menem en el estudio jurídico riojano.
Hasta ahora el Presidente tenía libertad de elegir a dedo a quien considerara mejor (o de su conveniencia) como ministro de la Corte, y sólo necesitaba tener los votos suficientes en el Senado para que su hombre pasara la prueba.