El Buby Nazareno sabe que a esta altura sólo un milagro podría conservarle el cargo que detenta desde abril de 1990. Por eso ha iniciado enérgicas gestiones para conseguirlo. En abril de 1995 Antonio Boggiano propuso entronizar en lugar destacado del Palacio de Justicia una imagen de la Virgen de Luján, lo cual fue aprobado en agosto por Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Ricardo Levene y Guillermo López, quienes integraban la fuerza de tareas reducida a cinco luego del Pacto de Olivos y antes de que Levene fuera reemplazado por el amigo de Menem Adolfo Vázquez. Por razones que tal vez algún teólogo podría explicar, la Virgen colocada en la entrada principal del Palacio de Justicia no fue la de Luján sino la de Medjugorje, que desde 1981 frecuenta esa pequeña aldea de Bosnia-Herzegovina (los interesados en más detalles sobre Sus milagrosas apariciones pueden consultar Su página web http://www.medjugorje.org/). Por otro misterio, la Virgen de los Balcanes fue reemplazada luego por una imagen de “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”.
La Asociación por los Derechos Civiles, presidida por Alejandro Carrió, presentó un recurso de amparo para que fuera retirada, por considerar su emplazamiento violatorio de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hace diez días, luego del mensaje presidencial reclamando al Congreso que pusiera en marcha el procedimiento de juicio político contra Nazareno, el presidente de la Corte consideró llegado el momento de someter el tema a la consideración de sus pares. Augusto Belluscio, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi se pronunciaron por el retiro de la imagen, y Petracchi lo fundamentó en forma extensa, con citas de la Convención Constituyente de 1853, demostrativas de que el sostenimiento de la religión católica dispuesta en el artículo 2 de la Constitución se ciñe al apoyo económico, ya que los constituyentes desestimaron en forma explícita tres propuestas de considerarla la única religión verdadera, la que el gobierno federal profesa y a la que todos los ciudadanos deben “sumisión y obediencia”. Según Petracchi, un poder del Estado, que es por definición de todos y para todos, no puede afiliarse “a un culto determinado, por mayoritario que sea”. Pero la mayoría automática y Carlos Fayt rechazaron el amparo. Negaron que fuera una cuestión constitucional sino apenas un tema de intendencia sobre el edificio. Aun así, no se privaron de señalar que el 88 por ciento de la población pertenece a la religión católica, por lo que “no se deben eliminar las manifestaciones de lo espiritual del terreno público para adoptar una postura indiferente”. Tanto esfuerzo no parece haber resultado en el apetecido milagro. Al menos la Iglesia y las demás ONGs que se sientan a la Mesa del Diálogo Argentino “contribuyeron en la línea del decreto” de autolimitación, según recordó su vocero, José Ignacio López, luego de la ceremonia en el Salón Blanco. Es improbable que la Madre de Dios desautorice a los representantes de Su Hijo sobre esta amadísima porción del planeta.