En las audiencias públicas de los candidatos a ocupar cargos de fiscales también hubo bastante jaleo. Uno de los puntos centrales de controversia fue que hubo impugnaciones contra los postulantes que hasta ahora, siendo secretarios, cumplieron funciones como fiscales subrogantes o ad hoc. Patricia Quirno Costa, propuesta para el cargo de fiscal ante los tribunales orales de Menores de Capital Federal, está entre los ad hoc cuestionados por el senador Mario Cimadevilla. Igual que otros colegas ella fue hasta denunciada penalmente. Cuando se sentó en la entrevista la mujer, enfática, aclaró ante la comisión que ese tipo de función “coadyuvante” existe hace años y que en su caso fue designada para eso por el anterior procurador, Esteban Righi, en el año 2011, y que además lo hizo sin percibir un peso más. “Es injustificado, gratuito, parcial, porque no es que dicen vos trabajaste gratis dos años y te estoy imputando –que igual sería injusto–, me dicen: te estoy imputando por estos 15 días porque los firmó (Alejandra) Gils Carbó, no por los años que te designó Righi. Tampoco le imputan (judicialmente) al procurador sustituto, González Warcalde, que en seis meses haya nombrado a 600 personas”, a quien también atribuyó nombramientos ad hoc.

Cimadevilla, haciéndose el distraído, le dijo que no conocía esas designaciones “irregulares”, que insinuó que denunciará. Le preguntó qué parte de la ley habla de “fiscalías ad hoc”, y ella con paciencia le explicó que no existen las fiscalías ad hoc, sino que se trata de una “función”, en la que ella no firmó ninguna decisión que corresponda a los fiscales. Quirno Costa le dijo que era evidente que lo único que les interesaba era atacar a Gils Carbó, “a quien no conozco”, dijo.

Algo similar se discutió cuando llegó, al día siguiente a la audiencia, Carlos Gonella, el actual titular de la Procelac (la procuraduría antilavado creada por Gils Carbó), quien aspira a una fiscalía en Formosa. A Gonella le cuestionan haber ejercido como fiscal subrogante pero los radicales lo esperaban cual perros hambrientos porque lo impugnaron con el argumento de que promovió una investigación excluyendo en forma intencional al empresario Lázaro Báez, focalizándola en los financistas Federico Elaskar y el contador Leonardo Fariña. En una larga exposición de corrido, Gonella, con acento cordobés, explicó en qué consiste el sistema de subrogancias, que consideró legal, y que dijo que le permitió actuar como fiscal general subrogante en cinco juicios de lesa humanidad que, por falta de fiscales, encontraban dificultad para desarrollarse. Señaló otros casos trascendentes en los que actuó, como el de la explosión de la Fábrica de Río Tercero en 1995. Aclaró que nadie creó un cargo para él y que las procuradurías, como la que tiene ahora a cargo, no requieren una ley para ser creadas. “Se crearon más de diez en los últimos diez años”, añadió. Luego explicó “tramo por tramo, hora por hora” su actuación en el caso Báez, dijo que las denuncias originales eran genéricas y sembró la sospecha de que para intentar mostrar su mala actuación se introdujo un documento inexistente que incluía una supuesta imputación a Báez y el ministro Julio De Vido.