El gobierno nacional culmina un mes de intenso trabajo en el tema AMIA. Cuatro decretos firmados para influir en la marcha del juicio oral y varios trascendidos de “apertura de archivos” de la SIDE, la Bonaerense, la Federal y hasta de la Prefectura no alcanzan para modificar la realidad de los hechos. Estamos frente a una verdadera campaña que, en nombre de la “transparencia” y de la “justicia”, viene a proteger los más oscuros secretos de Estado y a un juicio oral fracasado. El objetivo: ocultar que el genocidio en la AMIA y su posterior encubrimiento son actos de terrorismo de Estado.
El hecho de que a 9 años del atentado se revele oficialmente la existencia de tantos archivos aún secretos dice por sí mismo que la “investigación” de Galeano es un montaje y demuestra que la verdad de los hechos es ajena al Tribunal Oral. Todas las partes que intervienen en el juicio y que lo sostienen reconocen que de sus resultados no habrá ni verdad ni justicia. Y aun sabiendo que nada se averiguó y que la mayoría de los policías está en libertad, lo consideran “justo” y que “quedará la sensación de que se avanzó” (Página/12, 13/7/03). Es una infamia llamar “justo” a un verdadero fracaso. ¿Qué es lo que debiéramos aplaudir?
“Levantaremos el secreto de Estado”, aseguraron. La verdad desmiente las ilusiones de transparencia. Quien quiera conocer qué contiene el sumario interno de la SIDE deberá conformarse con la lectura de los restos que resultan de ese sumario, tras el tachado previo de los nombres y el modo de operar de sus agentes (Decreto 146). Otro tanto ocurre con el ex jefe de la SIDE, Anzorreguy, que será interrogado en audiencia secreta sobre aquellos secretos que todavía pueda contar sin violar alguno de los nuevos y puntillosos secretos que fijan los decretos 249 y 291, que ni Duhalde/Toma se atrevieron a firmar.
Para cuando los hombres de la SIDE se sienten a declarar, se habrá terminado con el carácter público del juicio oral. El trabajoso acuerdo político entre Kirchner, los jueces y las partes oculta el fracaso de la intención del Estado de “judicializar” tamaño crimen político y nos ponen frente a una nueva maniobra: reforzar los secretos de Estado y no debilitarlos. Los decretos permitirán a los espías impulsar la libertad de Ribelli y acreditar la responsabilidad criminal de Irán, tal como pretendían Toma/Duhalde y el gobierno israelí. Al mismo tiempo, servirán para impulsar una nueva Ley Antiterrorista.
Después de 9 años, la lucha por verdad y justicia es contraria a tantos secretos, maniobras de jueces y camarillas y a la política encubridora del Estado nacional. Ninguno de ellos puede brindarnos Justicia. Entonces, ¿por qué aplaudirlos? Para superar el fracaso de la investigación y del juicio, proponemos la formación de una Comisión Independiente del Estado integrada por personalidades y organizaciones nacionales e internacionales, para juzgar y castigar la responsabilidad criminal del Estado argentino y sus socios internacionales en la comisión y el encubrimiento de la masacre de nuestros familiares y amigos. A juzgar por los hechos, es el único camino viable para llegar a la verdad y obtener la justicia que nos vienen negando desde aquel 18 de julio. Para denunciar que el juicio oral y los recientes decretos convalidan 9 años de encubrimiento y los secretos de Estado en el genocidio en la AMIA, realizamos hoy a las 18 nuestro acto en Plaza de Mayo, rodeados de la solidaridad de organizaciones estudiantiles, sociales, políticas y de derechos humanos.
* A.P.E.M.I.A.