Anteanoche la bancada oficialista daba por hecho que impondría sus números favorables para postergar la sesión por una semana. Los diputados peronistas aspiraban a imponer su propio proyecto, aquel que había incorporado a la jerga parlamentaria la impronunciable palabra de “inoponibilidad”. Pero una larga reunión matutina determinó que esa actitud cambiara drásticamente. No fue fácil, hubo firmes resistencias. El punto de inflexión del cambio de postura fue un fogoso y memorioso discurso de Oraldo Britos que convenció a muchos de sus remisos compañeros.
Desde muy temprano (faltaban pocas horas para la sesión) todo sucedía en simultáneo, en todos los bloques y en varios despachos. La inoponibilidad había sido el último acuerdo al que el peronismo había llegado el viernes pasado. En las oficinas del PJ, prolijamente sentados, se reunían unos 70 de los más de 110 diputados que el peronismo tiene en la Cámara baja. Todo indicaba que primarían los argumentos jurídicos por sobre los políticos. Los duhaldistas Jorge Casanovas y Jorge Villaverde abonaban ese camino. Ellos relativizaban la nulidad que estaba por votarse, aduciendo que no causaría efectos por efecto del principio de “la ley más benigna”. La menemista Alejandra Oviedo recorrió ese camino, con retórica más emotiva. “Fue un discurso peronista de esos que sacuden a los peronistas”, comentó a este diario uno de los presentes en el debate. “Los que propiciábamos la nulidad de las leyes no queríamos tensar la cuerda, no todas las posiciones eran refutadas y por eso estábamos perdiendo el debate”, le dijo a Página/12 otro de los diputados.
Todo comenzó a cambiar luego de la intervención del puntano Oraldo Britos. “Escuché atentamente todos los argumentos jurídicos pero quisiera recordarles que ésta es una decisión política”, arrancó Britos. Luego hizo un repaso histórico y hasta recordó que con Deolindo Bittel a la cabeza, el PJ se había presentado en 1979 frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar. Memorioso y acompañado por recortes periodísticos, Britos también mencionó una solicitada de quienes repudiaban por esos días la visita del organismo internacional. Citó sólo dos nombres: el de Guillermo Alchouron, ex titular de la Sociedad Rural Argentina y hoy diputado enrolado con Ricardo López Murphy. El otro dijo que era un integrante del Colegio de Abogados de Buenos Aires que por estos días impugna militantemente la postulación de Eugenio Zaffaroni para integrar la Corte Suprema.
“Tiene razón Oraldo”, respondió la menemista salteña Lelya Chaya. “En el ‘98, cuando se discutió este tema yo privilegié los argumentos jurídicos por sobre los políticos y después de tantos años tengo que decir que la discusión era política”, redondeó en una inusual autocrítica. Los menemistas coincidieron con Chaya y se avinieron a cambiar su voto: anunciaron que no levantarían la mano contra la nulidad sino que se abstendrían.
En simultáneo, en las oficinas de Camaño, los distintos bloques buscaban un punto de acuerdo. El tucumano Ricardo Falú se sentó frente a una computadora para escribir los fundamentos del proyecto de nulidad que llegaría al recinto. Todos coincidieron en respaldar el rango constitucional del Tratado de la ONU al que ayer adhirió el Gobierno. Por eso no dejaba de llamar la atención la insistencia en un proyecto que se originó en el radicalismo y en el que se repetían las definiciones que precisamente enuncia el Tratado. “Si no se incluía este proyecto los radicales no bajaban al recinto”, confió a este diario uno de los presentes en las negociaciones con Camaño.
Cuando comenzaron su debate, los radicales mantenían su postura de votar contra la nulidad de las leyes. Así como Britos logró dar vuelta el debate entre los peronistas, el porteño Marcelo Stubrin fue el que logró cambiarla discusión entre los radicales. Privilegiando lo político por sobre la discusión jurídica, Stubrin convenció a sus correligionarios para no votar en contra y no obstaculizar lo que parecía un hecho. Logró que la bancada se abstuviera. En ese momento, tan solo cuatro radicales estaban dispuestos a apoyar la nulidad de las leyes. Con el correr de la sesión, el número fue creciendo. A pesar de que en la reunión de la bancada de la UCR se había acordado que los discursos buscarían no confrontar, el bonaerense Pascual Capelleri, al oficiar de miembro informante, no pudo evitar ser más papista que el Papa. Lo que Stubrin quería evitar finalmente pareció concretarse luego del discurso de Capelleri, la UCR se emparentaba con las definiciones que entregó el hijo del genocida tucumano Domingo Bussi. “Esta anulación atenta contra el orden jurídico”, arriesgó Capelleri.
De hecho, los legisladores boinas blancas fueron más fieles defensores de las leyes de impunidad que el propio autor de las normas, Raúl Alfonsín.
“Pienso que si el Presidente tiene voluntad y decisión, y está convencido de que las leyes son nulas, debería actuar de acuerdo con sus convicciones. En última instancia él podría estar completando algo que muchos argentinos deseábamos pero, como en mi caso, considerábamos inviable si a la vez queríamos resguardar la libertad y la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas”, escribió Alfonsín en una carta que le envió a los dos bloques legislativos. A pesar de que el líder radical les comentaba que no se “sentiría ofendido” si votaban por la nulidad de las leyes, la mayoría de sus correligionarios se mantuvieron alineados con las normas que garantizaron la impunidad a los responsables del terrorismo de Estado.