La reforma a la Constitución chilena heredada del dictador Augusto Pinochet probablemente sea el mayor desafío para Michelle Bachelet. El cambio profundo de la Carta Magna de 1980, si sucede, determinará un giro más a la izquierda del segundo gobierno de la líder socialista. En palabras de Bachelet, “Chile necesita una Constitución nacida en democracia, que asegure más derechos y que garantice que en el futuro la mayoría nunca más sea acallada por una minoría”.

Es el desafío de una nueva Constitución que garantice la gratuidad universal de la educación, un aspecto central del programa de la líder socialista. El actual texto, producto del ideólogo de la dictadura Jaime Guzmán, en el Capítulo 3, de los Derechos, establece que para “el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor”. No hay universidad gratuita en Chile y la calidad de la secundaria y primaria es notablemente mejor para los que pueden pagar una cuota más alta, un componente más del eje vertebral que divide a esa sociedad.

Los cambios realizados durante el gobierno de Ricardo Lagos en el seno del Congreso en 2005 no afectaron el imperio del mercado para los derechos sociales básicos, como el acceso a la salud y a una jubilación digna. Y lejos quedó de haber promovido nuevos derechos, como los sexuales y reproductivos.

Es esperable que el nuevo proyecto termine de eliminar contenidos autoritarios del texto constitucional, como los relativos a la seguridad nacional, que hoy día consagran normas sobre el terrorismo que contradicen principios básicos del derecho penal.

Hasta ahora, no se abordó el cambio del sistema electoral binominal, que determina un bipartidismo absoluto, otro de los legados de la dictadura.

La coalición Nueva Mayoría se enfrenta al primer desafío de conseguir el apoyo de al menos dos tercios de los legisladores que se necesitan para aprobar una reforma constitucional, con los que no cuenta, por tanto tendrá que negociar con algunos parlamentarios de la derecha menos radical. Eso si la modificación se realiza con una comisión bicameral, opción por la que se inclina la Democracia Cristiana. Pero el Partido Comunista y el Radical Socialdemócrata abogan por convocar una Asamblea Constituyente. De cómo sortee estos escollos el nuevo gobierno dependerá el cambio de la Carta Magna pinochetista.

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