La semana pasada, Página/12 se hizo eco de una de las denuncias más duras sobre violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero: la presencia de los grupos paramilitares organizados por terratenientes y hacendados que con la complicidad de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial financiaban escuadrones para amedrentar campesinos. Este diario publicó además las denuncias por torturas de las fuerzas de seguridad recogidas por un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Esa sucesión de denuncias disparó ahora el traslado a Santiago de una comisión especial de la Defensoría del Pueblo de la Nación que investiga in situ la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos. En ese contexto, hoy además llega a la provincia la delegación de la Comisión de Detenciones Arbitrarias de la OEA, dispuesta a tomar nota de las denuncias.
Este es el escenario de fondo que sostiene la investigación de los crímenes de La Dársena y los movimientos que está haciendo en este momento el Poder Judicial de la provincia. Cada uno de los jueces sabe que su instrucción está bajo la lupa desde junio, cuando por primera vez, una comisión de diputados nacionales se trasladó a Santiago del Estero para recoger las denuncias de los organismos de derechos humanos locales y de las organizaciones intermedias. En aquel momento apareció por primera vez un durísimo diagnóstico contra las fuerzas de seguridad y el sistema judicial de los Juárez.
Esta situación comienza a formar parte de la agenda de los organismos públicos internacionales. Hace unos quince días, por la provincia pasó una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora aterrizan allí los delegados de una comisión de la Organización de Estados Americanos para visitar cárceles y comisarías de Santiago y Añatuya en el marco de las investigaciones sobre detenciones arbitrarias y torturas. Estarán en Santiago con integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación que elaboraron uno de los más duros diagnósticos sobre la crisis jurídico-institucional de la provincia.
Eduardo Mondino, por su lado, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación constituyó una comisión especial para recabar información sobre “el real estado y situación en materia de derechos humanos”. La comisión estará en Santiago para reunirse con distintas organizaciones intermedias, entre ellas la CTA, las Madres del Dolor y el Movimiento de Campesinos de Santiago, quienes fueron víctimas el último viernes de una nueva amenaza de desalojo con topadoras. La denuncia partió de un grupo de unas 30 familias de campesinos del pueblo de Escudero, ubicado en el departamento de Moreno, a unos 180 kilómetros de la Capital santiagueña.
La comisión de la Defensoría hará, además otros recorridos. Entre otros contactos tiene previsto un encuentro con el obispo Juan Carlos Maccarone, uno de los hombres que se han sumado al pedido de intervención judicial. Los resultados de las entrevistas serán parte de un informe que recibirá Mondino cuando acabe el trabajo.