“Si no hay un proyecto del Ejecutivo, no creo que el bloque tenga voluntad de discutir la intervención a Santiago del Estero en el recinto”, comentó ayer a este diario un destacado legislador del peronismo parlamentario. La frase demuestra por sí sola que el justicialismo no aparece dispuesto, por ahora, a dar quórum a la sesión especial pedida para hoy en la Cámara de Diputados para discutir la intervención al Poder Judicial santiagueño. El tratamiento de la medida había sido reclamado por los diputados del ARI, Atilio Tazzioli y Marcela Bordenave. Lejos del quórum reglamentario, la sesión se limitará a la exposición en minoría de los diputados presentes.
En palabras de los principales referentes del oficialismo en la Cámara baja, el tema de Santiago del Estero “es un verdadero problema”. Por un lado, los atemoriza que aunque se afirme con insistencia que la intervención se limita exclusivamente al Poder Judicial, luego, por la dinámica de los hechos, la intervención a los otros dos poderes se convierta en algo inevitable. Los hombres del justicialismo también encuentran su freno ante “el matrimonio Juárez”. Suelen recordar que, aunque aparezcan como defenestrados, suelen resurgir de sus cenizas e imponerse a través de los votos. Y si de contar votos se trata, el tema suele ser determinante para muchos dirigentes del peronismo.
En la Cámara hay varios proyectos para avanzar sobre el Poder Judicial santiagueño. El de Tazzioli, uno de los convocantes a la sesión especial de hoy, establece que el plazo de la intervención sea de unos 180 días, renovables por decisión del Poder Ejecutivo nacional. También determina que se pondrá en comisión a todos los integrantes de la Justicia santiagueña.
Ayer, en el Congreso, fue un día de muchas ausencias. En parte, por los comicios del último domingo en varios provincias, en parte, porque el lunes es un día en el que todo camina a media máquina. Lo cierto es que aun aquellos bloques que aparecen dispuestos a discutir una medida como la intervención al Poder Judicial en Santiago del Estero, no alcanzaban el presente perfecto.
En el oficialismo repiten que hasta el momento no tienen ningún gesto de parte del Gobierno, y que esperan conocer el informe del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Los legisladores de la oposición, precisamente, ponen el acento en ese informe. “Si los diputados del peronismo lo leyeran con detenimiento no podrían negarse a dar su respaldo a la intervención de la Justicia santiagueña”, dice a Página/12 una diputada de la oposición. Claro que acto seguido repara en otro tramo de ese trabajo y dice en voz alta: “Bueno, pensándolo bien, el informe también habla de la responsabilidad de la policía provincial en muchas violaciones a los derechos humanos, lo que también haría insostenible negarse a una intervención del Ejecutivo de Santiago”. Y precisamente ese es el temor de los justicialistas.
“Puede ser”, responde un destacado parlamentario del PJ cuando se le pregunta si la gran cantidad de medidas que la Justicia santiagueña impulsó ayer buscaban alejar el fantasma de la intervención. Incluso fue un poco más allá y comentó de la existencia “de conversaciones con referentes de la Iglesia, del PJ y la UCR provinciales, para lograr cambios importantes en la Justicia santiagueña”. Por lo pronto, los justicialistas esperan la iniciativa del gobierno nacional.