La historia presentada ayer por Hugo Anzorreguy no es creíble.
Dijo que sacó 400.000 dólares de fondos reservados y se los entregó al imputado Carlos Telleldín. El argumento es que lo hizo por pedido del juez Juan José Galeano, con lo cual –dice– sólo ayudó a la Justicia.
Falso. En esa época existía un decreto que permitía el pago legal de una recompensa a quien diera información sobre el caso AMIA, por lo cual el dinero para pagarle a Telleldín debió sacarse de fondos oficiales del Ministerio del Interior. Si la plata, en cambio, salió de fondos reservados de la SIDE, el pago no sólo fue clandestino sino ilegal. El gobierno de Carlos Menem estaba comprando una declaración y Anzorreguy y el riojano lo supieron en todo momento.
¿Por qué hicieron semejante maniobra?
Las hipótesis son tres:
- Comprando la declaración de Telleldín en forma clandestina, no quedó asentado el monto del pago en forma oficial. Dijeron que fueron 400.000 dólares, pero en verdad de la SIDE pudieron haber salido 1.400.000 dólares o 2.400.000 dólares y alguien se robó la diferencia. Esto parece poco probable: de la SIDE se han robado millones y millones de dólares sin necesidad de excusa. Ponían Operación AMIA en Chipre, 200.000 dólares y eso bastaba para justificar un gasto injustificable o que ni siquiera se hizo.
- Le pagaron a Telleldín porque necesitaban un culpable, sea quien fuera.
El Enano declaró el 5 de julio de 1996 y unos días más tarde se produjeron las detenciones de los policías bonaerenses. O sea que una cosa llevó a la otra, los dichos de Telleldín fueron decisivos para acusar a los uniformados. Además de la declaración de Telleldín, ¿hay pruebas nítidas contra los policías? La respuesta es que hay indicios, evidencias muy circunstanciales, pero por ahora nada demasiado sólido. O sea que habrían creado un pseudoculpable que daba bien el perfil: un comisario y oficiales probadamente extorsionadores, corruptos, mezclados hasta la cabeza con el delito.
- Fue una maniobra para echarle la culpa al archienemigo de Menem, Eduardo Duhalde. El gobierno del riojano se encontraba con la realidad del escandaloso fracaso de una investigación a la cual no le habían puesto ni el más mínimo empeño. Necesitaban echarle el fardo a alguien. En uno de los videos en que el juez Galeano negocia con Telleldín, se advierte que hay una especie de indicación de que debe marcar la foto número 5, la del rostro que se parece a Diego de la Vega, el personaje de la serie “El Zorro”. Ese rostro era el del subcomisario Raúl Ibarra, un hombre de confianza de Ribelli. Si la camioneta se la habían llevado cuatro suboficiales de mala muerte, era una cosa, pero si se la llevó Ribelli, uno de los hombres más poderosos de la Bonaerense, eso ya ponía la pelota cerca de Duhalde que, por otra parte, no había hecho el menor esfuerzo por colaborar con la investigación.
Sea cual sea la hipótesis verdadera, lo único que queda claro después del paso de Anzorreguy por el juicio oral es que el Estado argentino no sólo no investigó sino que además fue protagonista de gravísimas maniobras ilegales. Delante de sus narices, al gobierno de Carlos Menem le mataron 85 personas en la AMIA y 21 en la Embajada de Israel y nunca se le movió un músculo: sus ministros no recuerdan que haya preguntado por la investigación, no existe registro de que haya convocado a una reunión para ver qué pistas estaban surgiendo, jamás les reclamó a policías o espías resultados de la pesquisa, recibió a la modelo Claudia Schiffer, pero no a los familiares de las víctimas. Todo eso es lo que se sintetiza con la frase “no hubo voluntad política de investigar los atentados”.
Carlos Menem pasa ahora sus días entre Santiago de Chile, Miami, La Rioja y Buenos Aires, viaja sin que se sepa de dónde sale el dinero, juega al golf, espera su bebé otoñal y disfruta de la vida. Parece que es horade que venga a rendir cuentas: su gobierno compró clandestinamente la declaración de un imputado y perpetró una estafa judicial en el mayor atentado que sufrió el país.