“Este es un período de maximización de las posiciones: Argentina no tiene como política de Estado expropiar nada”, informó ayer Rafael Bielsa a un nutrido grupo de corresponsales extranjeros que, insistentemente, le preguntaron sobre la relación con los países de origen de los accionistas de las privatizadas. El canciller reivindicó la firmeza oficial a la hora de aplicar sanciones, como acaba de ocurrir con Aguas Argentinas. Pero al mismo tiempo sugirió que los fuertes entredichos públicos pueden tener un fin más pacífico en la mesa de negociaciones.
“Es razonable que un gobierno intente por la vía diplomática proteger los intereses de capitales nacionales”, defendió el ministro, en alusión a sus pares europeos que claman por el descongelamiento tarifario y otros cambios contractuales en defensa de sus empresas. Esa intervención, aclaró, no asume la forma de “presión” en su acepción más común de “si no me das lo que te pido, te castigo” y reconoció a las sedes diplomáticas extranjeras un “rol muy activo”, ya que promueven frecuentes reuniones por este tema. “Eso es deseable... ya que nos permite explicar nuestra situación”, celebró el conductor del Palacio San Martín.
Así, el canciller quedó ubicado en un lugar distinto al del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y al del propio presidente Néstor Kirchner, cuyas declaraciones alimentaron a la puja pública desatada con las empresas del sector eléctrico. Compañías que han estado alertando sobre el riesgo de colapso del sistema. Y el Presidente advirtiendo que no autorizará una suba de tarifas bajo presión.
Bielsa, como moderado, y la dupla Kirchner-Fernández, como duros, tienen, sin embargo, un punto de coincidencia sobre la intransigencia que hoy debe demostrar el Estado ante faltas imputables a las empresas. Para el canciller no hay dudas de que corresponde multar a Aguas Argentinas por su reciente corte de suministro a tres cuartas partes de los usuarios de Capital y Gran Buenos Aires, traspié supuestamente evitable “con un repuesto que vale sólo 15 dólares”.
“No fueron decisiones monárquicas ni despóticas. Las sanciones fueron dispuestas en la aplicación del marco contractual”, precisó el funcionario, para quien tampoco en esto está dicha la última palabra: la empresa –aclaró– puede recurrir administrativa y judicialmente ese castigo.
Finalmente todo se discutirá en los despachos oficiales. Allí donde se redactó la ley que da marco a la renegociación contractual de todas las privatizaciones y donde el Presidente y su equipo tomaron otras trascendentes decisiones como la de reprivatizar las rutas nacionales manteniendo el sistema de peaje. Allí donde se resolvió, incluso, entregar un corredor a la Corporación América, empresa de Eduardo Eurnekian, con la que el Estado tiene varios pleitos abiertos. Una prueba contundente de que no hay en el Gobierno ningún ánimo reestatizante ni expropiador, tal como ayer aclaró Bielsa ante la prensa del mundo.