Tras el encuentro con funcionarios de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Cammesa, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, aseguró que “no hay peligro inminente de colapso”, pero inmediatamente aclaró “al menos, en términos de un caos del sistema”. El cuadro actual del sistema muestra varios manchones de deficiencias a las que no son ajenas las autoridades –advertidas desde hace por lo menos tres años, cuando la convertibilidad aún podía disimular su debilidad–, ni las empresas concesionarias –preocupadas por asegurarse buenas tasas de rentabilidad pero no por la sustentabilidad del sistema– ni, mucho menos, el mismo modelo de privatización, pensado para funcionar exclusivamente en situaciones de estabilidad. En ese contexto, la escalada verbal entre Gobierno y empresas parece apuntar más a echarse culpas mutuamente antes que a alumbrar sobre la raíz del problema. Y, por lo tanto, el camino hacia su solución.
El cuadro de situación que presentó Cammesa para el semestre noviembre 2003-abril 2004, los meses más críticos por los picos de demanda en los días de más calor, muestra que la generación estará en condiciones de responder pero funcionando al límite en algunos puntos del sistema. El transporte de alta tensión también presenta flancos débiles en algunas líneas, pero no en su recorrido troncal. Los tramos de mayor extensión, los que atraviesan la Patagonia para transportar la energía del Comahue a la región metropolitana, serán menos requeridos por la baja hidraulicidad de los ríos, que obligará a reemplazar la generación hidroeléctrica del Sur por la térmica de centrales ubicadas más próximas a los grandes centros de consumo. La restricción, el cuello de botella del sistema, estará en la escasa capacidad de los estaciones transformadoras para “bajar” la tensión de alta a media.
Pero el sistema suele fallar por otras causas menos estructurales, más atribuibles a errores de gestión de las empresas operadoras, como ha quedado demostrado en diversos informes del ente regulador eléctrico que no siempre llegaron a reflejarse en sanciones a las empresas.
Después de más de una década de gestión privada, el sistema dejó en evidencia que las únicas obras de generación y transmisión, así como de tendido de redes de distribución de importancia, son las que ejecutó el Estado. La falta de inversión privada en ampliación del sistema ya indicaba, a fines de los ‘90, que el país marchaba hacia una crisis energética en poco tiempo más. Solo la recesión desatada a partir de 1999, que perduró hasta fines de 2002, permitió disimular las falencias y crear la ilusión del “sobreequipamiento” del sector. Bastó que la economía empezara a repuntar para que aparecieran los fantasmas de un apagón.
¿Qué tiene que ver este problema con el congelamiento de tarifas? Absolutamente nada. En principio, porque el problema es previo a la “emergencia” de enero de 2002. Además, porque mientras las empresas “gozaron” de los beneficios de un sistema de ajuste permanente en medio de un contexto de indexaciones prohibidas, tampoco volcaron a inversiones sus excedentes. Y ello a pesar de que las concesiones se extienden, en algunos casos, por el nada módico período de 95 años.
La pirotecnia verbal entre autoridades nacionales y empresarios dejó sobre la mesa el conflicto, pero no ilumina el núcleo del problema. Las empresas responsabilizan al Gobierno del colapso que prenuncian, mientras que el Gobierno dice que se trata de presiones para obtener una mejor posición en la negociación por las tarifas. Las acusaciones se cruzan cada vez con más virulencia, pero no salen del estricto marco de echarse culpas por lo que pudiera suceder este verano. En tanto, hay otro “sospechoso” que no aparece en ninguna de las hipótesis, aunque no falten pistas para inculparlo: el modelo eléctrico creado tras la privatización del sistema.
¿Puede seguir defendiéndose el criterio de segmentación del sistema, concebido como múltiples “unidades de negocios” en las que la suerte de cada una se desvincula del resto? ¿Puede seguir funcionando el sector sinuna planificación de largo plazo? Son cuestiones que merecerían debatirse, al menos.
Roberto Lavagna se ha mantenido por voluntad propia al margen de la discusión entre privatizadas y Gobierno, pero hizo saber su preocupación por la escalada verbal. Esta semana convocó a especialistas de su confianza para ilustrarse sobre la raíz del conflicto. A ellos les transmitió que no le teme tanto a la amenaza de corte de servicios, como a otro tipo de presiones que pudieran ejercer esos grupos. Por ejemplo, vía los organismos financieros internacionales o embarrando la negociación con los acreedores privados.
Por otra parte, si efectivamente el sistema marcha hacia un verano recalentado por intermitentes cortes del servicio –concediendo que no hay un riesgo real de colapso del sistema en su conjunto–, de poco vale que hoy el Gobierno y las empresas pulseen por echarse las culpas. Si se desata la bronca, difícilmente los afectados reconozcan diferencias de responsabilidad entre unos y otros. Más valdría estar planteando ya mismo el rediseño del sistema.