La reunión duró apenas 15 minutos y desató todo tipo de especulaciones. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados fue convocada ayer por la mañana y el oficialismo modificó la presidencia de ese cuerpo, que estaba a cargo de la bonaerense Adela Segarra y ahora pasó a manos de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, dirigente de La Cámpora. Allí se planteó la necesidad de poner en la agenda de la comisión la situación del ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt, luego de que el periodista Horacio Verbitsky publicara en Página/12 que el juez de 97 años firmó la anticipada re-reelección de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte en su domicilio de Recoleta y no en el Salón de Acuerdos del Tribunal, como se anunció oficialmente, además de sostener que el “deterioro cognitivo” de Fayt no le permite analizar ningún expediente. La oposición rechazó la propuesta y pidió que avancen sus pedidos de juicio político al vicepresidente Amado Boudou, al canciller Héctor Timerman y a la procuradora Alejandra Gils Carbó.

La comisión se reunió para modificar, por decisión del oficialismo, la presidencia de la misma, que pasó a manos de la diputada Fernández Sagasti, una de las referentes jurídicas de La Cámpora. Luego, la también kirchnerista María del Carmen Bianchi planteó la necesidad de analizar la situación de Fayt. “Es un tema de agenda de carácter prioritario, que debe tener una especial consideración por la valía personal y de trabajo del miembro de la Corte en cuestión, sin dejar de tomar en cuenta que su función está en vinculación directa con el pleno funcionamiento de los derechos de los argentinos”, completó Bianchi.

Fernández Sagasti dijo que la cuestión no estaba en el temario, pero se comprometió a analizar los distintos proyectos que hacen referencia a la “idoneidad” del veterano magistrado, que se mantiene como ministro de la Corte por una acordada de la década del ’90, dado que ya debería haberse acogido a la jubilación a los 75 años, como establece la Constitución.

Entre las iniciativas para analizar la situación de Fayt se encuentra un planteo del entonces senador y actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y otro del diputado de Nuevo Encuentro Carlos Raimundi. “La inamovilidad judicial no es un privilegio ni una garantía personal, sino más bien se trata de una garantía para toda la sociedad de contar con jueces independientes, de modo de no dejarlos a merced de los cambios políticos”, señaló Raimundi en una nota dirigida a la comisión.

Tras la reunión, Fernández Sagasti aseguró que de comprobarse el delito de falsedad ideológica del documento sobre la re-reelección de Lorenzetti, se “estaría en un caso de mal desempeño” y en una “cuestión institucional de gravedad”, frente a lo cual debería actuar la Comisión de Juicio Político, en lugar del Consejo de la Magistratura, por tratarse de la cabeza del Poder Judicial, tal como lo prescribe la Constitución. Al tiempo que señaló que en el kirchnerismo “no hay decisión” tomada sobre el caso de Fayt. Aunque está claro que el oficialismo no cuenta en el Congreso con los dos tercios necesarios para iniciar un juicio político al cortesano.

La oposición rechazó de plano la posibilidad y, en cambio, reclamó que se avance en su pedido de juicio político a Boudou, Timerman y Gils Carbó. “Es una abierta presión sobre la Corte Suprema que no podemos permitir, porque se trata de un poder del Estado que es independiente”, afirmó la macrista Laura Alonso. El radical Manuel Garrido aseguró que “el espacio correcto para evaluar la idoneidad de un juez de la Corte es la Comisión de Acuerdos del Senado, que no llamó a Fayt en más de 20 años”. Elisa Carrió, en tanto, planteó la defensa incondicional del juez en las redes sociales: “Estamos frente a la operación más terrible y cruel contra el gran maestro del derecho argentino Carlos Fayt”, tuiteó la diputada, que también integra la comisión. Luego, cargó contra el presidente de la Corte: “Lorenzetti debería sacar una acordada de la Corte en defensa del juez Fayt, en lugar de llorar por cansancio moral”.