Despejar las calles y las rutas de piquetes y poner algún límite a la inseguridad regulada por la policía son en estos días las principales obsesiones del Poder Ejecutivo Nacional, y ambas por la misma razón. Por cálculo y por temperamento, el presidente Néstor Kir-
chner prefiere actuar antes de que las tensiones se acumulen y perturben la denominada gobernabilidad democrática, aunque en las últimas semanas no haya sido evidente una línea de acción. En un tema, osciló entre la permisividad al bloqueo de Carlos Tomada dentro del Ministerio de Trabajo y la denuncia criminal, luego desistida; entre el consentimiento tácito a un proyecto de amnistía de diputados propios, a la amenaza de veto en caso de que fuera sancionado. En el otro, la tolerancia hacia el disciplinado procurador de Videla y de Menem, Norberto Quantín, es paralela con la exigencia al gobierno bonaerense de una pureza de cristal. Cada una de esas decisiones tiene su lógica propia, que aquí no viene al caso. Lo que todas ellas tienen en común es su localización geográfica, en un anillo formado por los confines de la Capital Federal y los partidos del conurbano bonaerense que la circundan.
Una proyección de los datos del Censo 2001 y la Encuesta Permanente de Hogares de 2003 realizada a pedido para esta nota por la Consultora Equis arroja para todo el país una densidad de siete habitantes pobres por cada kilómetro cuadrado del territorio continental. En los partidos del Gran Buenos Aires ese promedio es de 1350 habitantes pobres por kilómetro, lo cual implica una concentración de pobreza 190 veces superior a la media nacional. Esta densidad de pobreza sólo es superada por la diminuta Capital Federal, donde residen 2925 ciudadanos pobres por kilómetro. (Como es notorio, esos promedios hacen picos nítidos en el extremo sur de la ciudad). Según el sociólogo Artemio López, con 5,2 millones de pobres el Gran Buenos Aires concentra el 26,2 por ciento del total nacional de ciudadanos pobres en apenas el 0,13 por ciento de la superficie total del país. Si en vez de la densidad se mide la intensidad de la pobreza, el segundo cordón del Gran Buenos Aires encabeza la penosa tabla nacional por regiones, como se observa en el cuadro.
El 71,3 por ciento de sus habitantes son pobres y el 38,3 por ciento indigentes. En cambio en la Capital Federal sólo son pobres el 21,7 por ciento del total de habitantes y de ellos poco más de un tercio son indigentes, lo que en proporción es tres veces y medio menos que en el segundo cordón del Gran Buenos Aires y tres veces menos que en el promedio de ambos cordones. Para López, esto “da por tierra con la teoría de las regiones inviables, típica del discurso económico neoliberal hegemónico en los años ’90, cuando se focalizaba el análisis en el Noroeste y/o Noreste del país. Por el contrario, lo que un análisis sociogeográfico revela es la existencia de sectores sociales inviables, con megaconcentraciones de pobreza e indigencia en el núcleo urbano metropolitano más extenso ubicado a pocas cuadras de la ciudad de Buenos Aires. Desde el punto de vista socioambiental el conurbano bonaerense es hoy una bomba de tiempo”, dice. Estos pocos, pero contundentes datos sugieren que, pese a su insuficiencia, los anunciados incrementos de jubilaciones y salarios mínimos y la asignación especial de fin de año a quienes sobreviven con planes asistenciales, constituyen la más sensata contribución a la seguridad y la paz social.