Las causas que se acumulan sobre Milagro Sala no sólo dan cuenta de la inconsistencia de la detención, sino que muestran el rol del gobernador Gerardo Morales como cabeza de la avanzada judicial a través de la fiscalía de Estado. Los abogados de Milagro Sala cuentan tres causas sobre ella. Además de la denuncia de 2009 por el escrache a Morales en la que la dirigente ni siquiera estaba presente y el acampe, está la causa que la tiene detenida en este momento por supuesta defraudación, extorsión y asociación ilícita. Esa causa arrancó en realidad el 15 de enero en plena feria judicial, un día antes de la detención por el acampe, en plena feria judicial y con la declaración repentina de nueve personas. Hace una semana, los abogados de la Tupac Amaru presentaron un pedido de nulidad por la detención que consideran ilegal e ilegítima porque su estado de parlamentaria del Mercosur le otorga fueros de inmunidad, según la ley que equipara su estatus a diputados y senadores.

Milagro Sala quedó detenida el 16 de enero por organizar el acampe en el centro de Jujuy. El juez que ordenó su detención, Raúl Gutiérrez, habilitó la feria para hacerlo y dejó la causa inmediatamente con un parte de enfermo. El expediente pasó al juez Gastón Mercau que extendió la detención lo máximo posible, la liberó por el acampe, pero el mismo día la dejó presa por la tercera causa. Según pudo saber este diario, esa causa se inició el 15 de enero con 9 personas de una cooperativa que denunciaron a tres integrantes de la Tupac por acompañarlos a cobrar un dinero y que se quedaron con una parte. El 18 de enero, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, agregó otras dos denuncias al expediente. Una, contra 12 cooperativas que habrían recibido plata del Instituto provincial de la Vivienda para obras que tendrían ciertas irregularidades administrativas en los convenios pero el cuestionamiento central es que no tenían certificación de obra. Es decir, no es que las obras no se hicieron, sino que no tenían certificación. La segunda denuncia fue por un convenio del Plan Federal de Viviendas Mejor Vivir 2, según la cual la municipalidad de San Pedro pagó un adelanto a tres cooperativas para iniciar obras que no se iniciaron: pero el adelanto del dinero lo recibieron en diciembre de 2015 y los acusan de que a enero de 2016 las obras no habían empezado. Las denuncias es lo único que hay en el expediente. Para los abogados de Sala, una denuncia no puede generar un pedido de detención, menos sobre una persona con fueros parlamentarios, menos con esos argumentos y menos sobre supuestas irregularidades administrativas que a lo sumo deben investigarse.