Pese a que en el Gobierno esperaban un dictamen contundente que acompañara su iniciativa en el Congreso, el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, evitó ponerle la firma a la opinión de que no hay riesgos de nuevos litigios por parte del 93 por ciento de los bonistas que entraron en los canjes de deuda y que podrían apostar a cobrar lo mismo que los fondos buitre. Balbín dictaminó que la opinión en ese sentido del bufete de abogados que contrató la Argentina (Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton) corre por cuenta de ellos. En una carta al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, Balbín sostuvo, como jefe de los abogados del Estado, que no tiene competencia para pronunciarse sobre la opinión de ese bufete de abogados.