Un pedido de juicio y castigo, y la advertencia de que muchas cosas siguen igual, pasados dos años. Ese fue el mensaje de los familiares de los asesinados y los heridos del 19 y 20 de diciembre. “En el 2001 salimos a la calle hartos del hambre, la impunidad, la falta de trabajo, educación y salud. Esas razones siguen existiendo. Nos unió el grito por que se vayan todos. Lamentablemente, todos volvieron reciclados”, dijeron ayer en un discurso conjunto.
Se reunieron frente a las escalinatas del Congreso. Dos horas antes de realizar su acto, a las siete de la tarde, los primeros manifestantes cortaron uno de los dos carriles de la avenida Entre Ríos, por lo que el tránsito siguió avanzando en la otra mitad. Contra las vallas del edificio, los familiares pegaron cartulinas con los nombres de los 37 muertos por la represión. Y sostuvieron una pancarta en la que se leía “Este pueblo merece la victoria”.
Martín Galli, el joven que el 20 de diciembre recibió un balazo en la cabeza, estaba entre ellos. “Pedimos que se juzgue a los responsables políticos por los asesinatos”, dijo a Página/12. “A De la Rúa, a su secretario de Seguridad Enrique Mathov, al ex jefe de policía Rubén Santos. Sé que hablar de juicio y castigo parece una cosa obvia, pero tenemos que repetirlo porque está pendiente.”
Los automovilistas que pasaban observaron los carteles entre el respeto y la indiferencia. Sólo un hombre mayor sacó la cabeza por la ventanilla y dijo que, en su opinión, un pueblo que votó a Menem y a De la Rúa no se merecía ninguna victoria.
La policía cumplió a medias las órdenes del Gobierno. Aunque muchos uniformados usaron la placa identificatoria con sus nombres, muchos más desoyeron las instrucciones oficiales usando la placa debajo del chaleco antibalas, con lo cual no se podía saber quién era quién. Por lo demás, mantuvieron una presencia discreta.
Mientras los familiares empezaban sus actividades frente a las escalinatas, la CTA Capital y los gremios de la CTA bonaerenses hicieron una marcha por el centro. Una nutrida columna de estatales, docentes, aeronáuticos, judiciales y piqueteros no encolumnados con la FTV de Luis D’Elía se movilizó por Avenida de Mayo hasta la sede del Banco HSBC, el lugar donde mataron al motoquero Gustavo Benedetto.
Acompañados por Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, realizaron un homenaje. “Los sectores del capital, que ya son dueños de casi todo, intentan mostrarnos como natural y lógico un orden social injusto donde convivan niños muriendo en su primer año de vida por falta de alimentos junto a la inmoral abundancia de tipos que ganan por minuto lo que una familia trabajadora no podría alcanzar en toda una vida de esfuerzos”, dijeron allí Fabio Basteiro y Pablo Michelli, de la Central-Capital.
Terminado ese acto fueron al Congreso, para sumarse al de los familiares. Participaron allí, además de los que ya han sido mencionados, los docentes de la Unión de Trabajadores de la Educación, Suteba y ATE, los judiciales, los desocupados del Movimiento Barrial Desde Abajo, Emilio Alí y Gustavo Montiveros (FTV Esteban Echeverría), todos de la CTA. El acto también reunió a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Correpi, el Partido Humanista, el Polo Obrero de la Capital, la Coordinadora de Unidad Barrial, los motoqueros de Simeca y las diputadas Vilma Ripoll (MST) y Lía Méndez.
El discurso de los familiares y heridos fue muy crítico de los políticos, a quienes acusaron de haber intentado “entregar”, en diciembre del 2001, la “débil y formal democracia” que “los argentinos tuvimos que salir a defender”. También calificaron al actual Congreso como “un símbolo de la corrupción y la decadencia”, por lo que consideraron que “la justeza del que se vayan todos sigue vigente”. Finalmente, pidieron que De la Rúa, “que empezó su mandato con los asesinatos de Corrientes” y lo terminó con la represión del 19 y 20, sea encarcelado “para que nunca más un presidente asesine al pueblo”.
Muchos de los heridos contaron que su principal problema es no tener trabajo. Algunos ya estaban desocupados antes del 2001, otros perdieron su empleo por la recuperación que tuvieron que afrontar luego de ser baleados. Ese fue el caso Oscar Chara, de 33 años. Ex chofer, Chara expresó con una anécdota la combinación de desconfianza y expectativa frente al gobierno Kirchner, común a muchos de sus pares. Contó que en estos meses lo recibieron “muchos diputados”, que tuvo audiencias “en el gobierno porteño y hasta en la Casa Rosada” y que de todos esos lados se llevó una promesa de trabajo incumplida. “¿Cómo puede ser? ¿Estuviste con el Presidente de la Nación y no conseguís nada? –me dice mi mujer–. Pero es así”, dice Chara. “A título privado, yo tengo esperanzas en él. Tiene buenos gestos, pero los que están debajo no hicieron nada.”