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Eduardo Levy Yeyati fue economista jefe del Banco Central en la época en que Mario Blejer estuvo al frente de la autoridad monetaria. En la actualidad ejerce como profesor en la Universidad Di Tella y es especialista en economía internacional. Desde su visión, el Gobierno debería revertir la condición de acreedor privilegiado del FMI, a la vez que renegocia la deuda con los inversores particulares. “La situación con los organismos internacionales se convirtió en una verdadera espada de Damocles”, proclamó en esta entrevista con Página/12.
–¿La Argentina podría reclamar un tratamiento especial para su deuda, tal como ocurriría con Irak?
–El problema radica en que la deuda de Irak es con multilaterales. Les debe a diversos países. Por eso existen chances de abrir un diálogo constructivo con los distintos Estados. A los gobiernos les podría convenir aliviar la situación de Irak y actuar en consecuencia, disminuyéndole la deuda. Es una decisión netamente política. El caso argentino no podría plantearse así.
–¿Por qué?
–Debido a que los acreedores de la Argentina no son gobiernos sino tenedores de bonos, inversores particulares. A los bonistas les importa muy poco la arenga que pueda ensayar George Bush o cualquier político, por más poder que ostente.
–Una buena porción de la deuda está en cabeza de los organismos multilaterales. Pero ellos se convirtieron en acreedores privilegiados. No sufrirán ninguna quita ni postergaciones en los pagos.
–Es verdad que el Gobierno pudo ir más lejos en su negociación con el Fondo Monetario. Pudo ser más ambicioso, pero no lo fue. Y ahora la situación con los organismos internacionales se convirtió en una verdadera espada de Damocles. Tendremos que acostumbrarnos a que cada un año, o a lo sumo dos, vuelva la incertidumbre sobre si desde Washington se aprueba o no la postergación de los vencimientos de la deuda por otro período.
–¿Cuál pudo ser un mejor acuerdo?
–Por ejemplo, una reprogramación de los pagos durante 20 años a una tasa de interés sensiblemente inferior. Eso es lo que ocurrió con los países más pobres. No menciono la posibilidad de una quita directa porque el estatuto del Fondo lo prohíbe, aunque se sabe que esa es una condición que figura implícita en los contratos con el organismo. Con la crisis terminal que sufrimos, la Argentina pudo reclamar las mismas condiciones que los países de pobreza extrema. Pero, por alguna razón, se prefirió transitar por otro camino.
–¿Pero acaso no se está a tiempo de rever la cuestión?
–Tal vez. Ya vimos que cuando Estados Unidos quiso jugar a favor de un acuerdo con la Argentina presionó a los demás integrantes del Grupo de los Siete. Claro que lo hizo bajo una propuesta bien distinta a la que ahora promueve para Irak. Esa sería la única vía. Le insisto: es más fácil negociar y coordinar acciones con un grupo de 10 o 20 gobiernos de potencias mundiales que con un millón de inversores que no tienen ningún interés estratégico: sólo les importa cobrar lo que alguna vez le prometieron.
–¿La Argentina no podría repudiar la parte de la deuda que fue tomada en forma ilegítima?
–Es muy complicado hacerlo. Tendría implicancias hacia el futuro. ¿Quién querría financiar al país con semejante antecedente? ¿Qué certificado podrían reclamar los inversores para asegurarse que, en algún momento, les paguen lo acordado? Si el argumento legal para repudiar la deuda es, a posteriori, que fue tomada por dictaduras o por gobiernos corruptos, ninguno de los países latinoamericanos podría pedir prestado en los mercados internacionales. Es así, aunque muchos argentinos tengamos la sensación de que la deuda tomada fue mal aplicada.