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Aunque irradie cierto tono de despreocupación, como el que se esforzó en mostrar las veces que le tocó concurrir a los tribunales, en esta ocasión Fernando de Santibañes está en problemas. Declarará luego de que lo haya hecho su secretaria y mano derecha (ver nota aparte), pero eso solo no es garantía, ni resguardo suficiente. “En la figura del cohecho no es necesario acreditar el pago. Basta con probar el acuerdo de voluntades, el pacto. Cosa que en esta causa está suficientemente explicada”, confía a este diario un funcionario judicial que conoce de cerca los vaivenes del expediente en el que se investigan los sobornos a senadores a cambio de la aprobación de la ley de reforma laboral en 2000. Para este funcionario, al ex banquero le resultará difícil demostrar que “no tuvo nada que ver” con “las demás cosas que pedía el PJ para aprobar la ley”, tal como Mario Pontaquarto dijo que el radical José Genoud definía los sobornos.
“Los dichos del arrepentido lo complican y mucho a De Santibañes”, reconoce el funcionario. Hasta el momento, el amigo del presidente Fernando de la Rúa nunca declaró en esta causa. En alguna ocasión realizó una presentación espontánea. Siguiendo con el esquema propuesto por el funcionario consultado por Página/12, el comportamiento de Santibañes explica por sí solo que tenía un fuerte compromiso con la aprobación de la ley. Algo que superaba en mucho sus tareas específicas al frente del organismo de Inteligencia estatal. En este punto se enmarcan las constantes llamadas, visitas y encuentros que De Santibañes mantuvo con varios de los senadores en los días previos al tratamiento de la ley. Parte de esos contactos quedaron documentados en el sumario interno que hace pocos días la SIDE remitió a la Justicia.
Para los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, el soborno y la participación de los principales mencionados es un hecho más que acreditado. En su momento, afirmaron en el expediente que “desde la óptica del Ministerio Público Fiscal, (Alberto) Flamarique y Santibañes acordaron con (Augusto) Alasino y Genoud el precio de la reforma laboral y estos últimos le hicieron a algunos de sus pares la ‘propuesta’ y, mediante mecanismos aún no acreditados, repartieron el dinero”.
En su testimonio periodístico, Pontaquarto, hablando de las negociaciones que rodearon a la ley, dijo: “En general se hablaba con Alasino. Hablaban de 5 millones y algo, casi 6 millones. Y después de idas y venidas, se concretó que el pago fuera de 4.300.000”. Por cierto que la pregunta que se cae de maduro es quién negociaba. Pero si el dinero salió de la SIDE, su titular, que hablaba con los senadores y se reunía con ellos, ¿no participó de esa negociación?
Página/12 propone a este conocedor del caso un ejercicio de repasar los principales interrogantes que el amigo de Fernando de la Rúa –este hombre que supo decir “estoy más tranquilo con los caballos que con los políticos” y sin embargo, luego de aprobada la ley se encontró a festejar alrededor de una mesa con Flamarique, Enrique Nosiglia y los hijos de De la Rúa– debería responder.
- ¿Se reunió con Pontaquarto a las 14 horas del 18 de abril de 2000?, tal como el arrepentido admitió. ¿Qué arregló con Pontaquarto?
- ¿Supo que esa noche Pontaquarto ingresó a las cocheras de la SIDE por la calle Alem? ¿Estaba prevista alguna operación especial? ¿Qué ordenes escritas o verbales firmó o entregó para habilitar la entrada y salida del Peugeot 406 a eso de las 22 o 23 horas? Si esto ocurrió sin su consentimiento, ¿qué sumario interno realizó? ¿Luego de este hecho, en las innumerables ocasiones que se encontró con Pontaquarto, nunca habló o le preguntó los pormenores que rodearon lo sucedido esa noche?* ¿Quiénes tienen ingreso a la bóveda de la SIDE? ¿Quiénes tenían la llave? ¿La firma de quién o qué requisito es necesario para poder acceder a ella? ¿Quién ordenó abrir la bóveda?
- ¿La noche del 18 de abril de 2000, cuando Pontaquarto entró a la SIDE, dónde estaba? ¿Lo acompañaban sus custodios o choferes? ¿Estaba con él Alejandro Rui Dia? ¿Quién manejaba el Renault Laguna blanco, mencionado por Pontaquarto como el auto que lo acompañó hasta la playa de estacionamiento del Senado?
- ¿Qué uso les dio a los 6,5 millones de pesos que dos funcionarios de la SIDE retiraron el 11 y el 14 de abril de 2000 de la sede del Banco Nación y llevaron hacia el organismo? ¿Cuánto dinero le dejó en efectivo su antecesor en el cargo, el menemista Hugo Anzorreguy? ¿Qué cantidad de dinero puede gastar por operación y a partir de qué monto tiene que informar al Presidente de la Nación? ¿Le propuso a Pontaquarto ir como delegado a París, por qué?
La fuente que hace este repaso con Página/12 se detiene aquí y repite “está bien formular estas preguntas para avanzar con el encubrimiento que hubo alrededor del caso, pero no se olvide que para castigar el cohecho alcanza con acreditar el pacto, el acuerdo de voluntades”.
De Santibañes podría descansar en el testimonio de Gladys Mota, su secretaria privada, pero “si se acredita que la bóveda de la SIDE se abrió la noche del 18 abril de 2000, seguro que hay una orden escrita con la firma de algún responsable o, en el mejor de los casos, un libro en el que se escriben los movimientos diarios”, confía a este diario un ex funcionario del organismo de Inteligencia.
Muchos problemas para un ex banquero que ha sabido ganarse, al margen de este caso, muchas investigaciones judiciales. Por lo pronto, en este expediente tendrá que vérselas con las explicaciones que en su momento entregó para justificar el gasto de los 6,5 millones retirados del Nación. En un primer momento dijo a la Justicia que se trataba de tener fondos disponibles en efectivo ante un posible día no hábil y ante la quizás inminente necesidad de realizar un operativo de Inteligencia. También dijo que se habían utilizado para pagar despidos a personal de la SIDE, cuando incluso en un reportaje con este diario en febrero de 2000 señaló que habían prescindido de los servicios de contratados o de personas en edad de jubilarse. Su primera respuesta sobre los pagos de indemnizaciones muestra la impronta de su paso por la actividad privada y también el desconocimiento que tenía sobre que en la Administración Pública Central, cualquier despido es previo sumario y entonces, al ser por justa causa, no hay indemnización. Por último, para explicar el gasto de esos cheques, dijo que se trataba de pagos a las empresas telefónicas. Aquí la Justicia tendrá que auditar si las explicaciones que dio De Santibañes y posteriormente Carlos Becerra se condicen con la realidad. De acuerdo con lo señalado a este diario por un importante ex funcionario del organismo, “esos pagos se hicieron en fechas muy posteriores a las admitidas en la presentación judicial”.
Los fiscales Freiler y Delgado hablando de los 6,5 millones retirados por la SIDE y las posteriores explicaciones sobre el destino dado a ese dinero, señalaron que “la propia secretaría de Inteligencia de Estado ocultó la existencia de dos cuentas en el Banco de la Nación Argentina, también ocultó los retiros de dinero precedentemente señalados, y proporcionó informes sobre sus movimientos financieros que luego demostró el Síndico General de la Nación que eran falsos, pues esbozó haber gastado dinero para el pago de jubilaciones de agentes”. Desde el fondo de los recuerdos aparece una definición que De Santibañes supo entregar a la revista Noticias en abril de 2000. Hablando de sus objetivos, dijo: “Vamos a desterrar esa imagen de que la SIDE es un grupo de forajidos que no cumple con la ley”. Luego del repaso, el funcionario se queda reflexionando y dice, como quien piensa en voz alta: “De Santibañes se puede negar a declarar como hizo el senador salteño Emilio Cantarero, pero eso y reconocer su participación en el caso, es lo mismo”.