La pregunta apareció poco antes del postre.
–¿Vieron el escrache a De la Sota? –se inquietó Aníbal Fernández ante el resto de los comensales.
–Sí. Pero nosotros no vamos a salir a hacer quilombo. No podemos. No le demos manija –cortó Duhalde. Y, sin más, se rindió a otro bocado de un jugoso lomo a la parrilla.
El secretario general de la Presidencia después repasó en términos diplomáticos lo que su jefe habló en la intimidad. “Históricamente los gobiernos han ejercido su fuerza contra los sectores más desprotegidos, y esta no será nuestra opción”, se dijo imaginando la requisitoria periodística.
En el almuerzo se habló a calzón quitado. La intimidad la garantizaban los presentes. Además de Fernández, estaban Carlos Ben y José Pampuro. El secretario de Medios es uno de los hombres de confianza que lo acompañará a su viaje a Monterrey. El secretario privado se transformará por dos días en los ojos y oídos de Duhalde en la Argentina.
Fue el propio Pampuro quien puso a disposición una sala contigua a su despacho de la Casa Rosada para la comida. De todos modos, la mano derecha del mandatario prefirió acompañar toda la conversación con el plato vacío. Además de su costumbre de saltear los almuerzos, le había prometido una cena a su mujer para festejarle el cumpleaños.
Palabras más, palabras menos, el discurso que primó en esa reunión “chica” no varió del que Duhalde viene manteniendo en público desde el inicio de su mandato: la gente que escracha tiene razón porque está muy dolida, y aunque haya infiltrados es preferible no reprimir.
En Gobierno creen que los escraches son un castigo para todos, sin distinción. Y que en todo caso lo llamativo son aquellos hacia personas de poca exposición pública –y por lo tanto desconocidas para la gente–, como el que sufrió Lorenza Barrenechea, la esposa de Raúl Alfonsín.
Duhalde se comunicó con Juan José Alvarez para que le describa de qué manera el gobernador cordobés fue abordado en el aeropuerto. Pero el secretario de Seguridad no recibió ninguna orden. Estaba más preocupado por la detención de cinco policías, entre ellos un subcomisario. A tal punto que se encerró durante horas con el jefe de la Policía Federal Roberto Giaccomino.
–¿Escraches? El tema ni se tocó –dijeron fuentes de esa secretaría.
Alvarez es un cultor del “garantismo”. Tiene una frase de cabecera: “No vamos a criminalizar la protesta”. A Página/12 le agregó otra más: Duhalde dijo bien al caracterizar la situación como una bomba de tiempo a punto de estallar. Nuestra tarea es desarmarla. La mía en particular es no pegarle martillazos a esa bomba de tiempo”.
La única voz disonante en su momento fue la de Eduardo Amadeo. En el preámbulo de una marcha piquetera, el vocero presidencial había dicho: “Nosotros preferimos empezar con el diálogo, seguir con la persuasión y luego reprimir”. Horas después, viendo el efecto de sus palabras, aseguró que su frase fue desafortunada.
La demanda de acción más decidida de las fuerzas de seguridad se multiplicó en las últimas horas. Incluso dentro del Gobierno, pero fuera del círculo más cercano al Presidente, hay funcionarios que piensan que habría que mostrar mayor decisión para garantizar el orden público.
Muy cerca de Presidente especulan que, hoy por hoy, no es “políticamente correcto” salir a la defensa de un político agraviado. Es más: no ven con malos ojos las distintas expresiones del descontento social, escraches incluidos. No es la misma opinión de referentes políticos, como Elisa Carrió, quien considera a los escraches como actos “antirrepublicanos”.
Tras los repudios a Raúl Alfonsín, Roberto Alemann, Jorge Asís y De la Sota, entre otros, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tiene informes que hablan de nuevos escraches para el trascurso de esta semana. –Descomprimen la situación. Y con el tiempo, como está pasando con los cacerolazos, van a mermar –fue la respuesta de un hombre de suma confianza de Duhalde.
Este mismo funcionario consideró que cuando el Presidente dice que “no puede” ir contra los escraches refleja una decisión política en el más amplio sentido. Duhalde sabe que llegó al cargo por el guiño de una Asamblea Legislativa y no por el voto popular. Y que, por lo tanto, avanzar hacia un régimen más coercitivo (rememorando aquella Plaza de Mayo del 20 de diciembre) podría profundizar las críticas a su legitimidad y, en consecuencia, a su autoridad.