Por A. D.
Desde Santiago del Estero

La temperatura con la que lidiará la intervención comenzó a aparecer temprano: durante las primeras horas de la madrugada del 1º de abril, el día que asumió Pablo Lanusse. A las cuatro de la mañana cientos de personas se abalanzaban sobre las viviendas deshabitadas de la ampliación Juan Díaz de Solís, el barrio donde los Juárez llevaron adelante uno de sus programas habitacionales de 700 viviendas. El barrio de pronto se pobló de personas que corrían desesperadas para ganarse alguna de las casas. La policía provincial, a esa hora, estaba bajo el mando de la Intervención con sus jefes políticos suspendidos. El barrio se declaró “zona liberada” por una orden que habría partido de los punteros políticos del ex gobierno. Los grupos de juaristas arengaban la ocupación y más tarde remates ilegales de esas mismas casas, ofertadas por 100 y 200 pesos por los recién llegados. Doce horas después, Lanusse instaló a la Gendarmería. La Intervención, adelantó, comenzará a revisar casos y casas.
Los juaristas jugaron ayer su primera carta fuerte contra los Interventores. La toma del barrio Juan Díaz de Solís comenzó el mismo jueves, a la hora de la jura del nuevo gobierno. Oscar, uno de los habitantes del barrio Campo Contreras, lo supo a las ocho de la noche. A esa hora uno de los vecinos de la casa de su madre llegaba anunciando la toma como un regalo de Navidad. “Hasta ahora todos teníamos que tener un trabajo político para conseguir una casa. Si no, no había nada”, decía ayer al mediodía instalado en la primera casa vacía que se encontró. Todavía no sabía ni el número ni la dirección de la calle. Sólo sabía que estaba metido en una casa sin luz, sin instalaciones de cañerías y sin agua. Pero estaba: techo, ventanas, piso y pileta. Oscar arreglaba una cerradura con un destornillador, la misma cerradura que había estallado la noche anterior.
Si la ocupación de los nuevos habitantes de la ampliación Juan Díaz de Solís es ilegal lo analizarán las nuevas autoridades. Nadie tenía autorización para acceder a las casas. El barrio hasta ahora permanecía controlado por las fuerzas juaristas de seguridad. Y las casas, todavía sin terminar, aparentemente ya habían sido adjudicadas a pobladores de Santiago que estaban en una lista de espera del Instituto de Vivienda. Aun así quienes llegaron se reclaman legítimos ocupantes: muchos estaban inscriptos entre futuros beneficiarios, muchos dicen que no accedieron a una vivienda durante estos años sólo porque no eran juaristas. Muchos otros, en cambio, aseguran que se afiliaron para lograrlas. Es el caso de Cecilia Morales. Al mediodía, mientras Omar arreglaba la cerradura de su casa, esa mujer daba una vuelta más en el barrio intentando encontrar algún sitio vacío. Cecilia, su bebé y una hermana tenían una carpeta en las manos con algunos papeles del Instituto de la Vivienda que no estaban a su nombre. Los llevaban como un seguro, como la garantía de quien comienza una búsqueda legítima. Pero en el barrio ya no había nada. Nada. Excepto las casitas que ya comenzaban a rematarse: por 100 pesos, por 150 o por 200 de acuerdo a la hora, la demanda y la oferta disponible. “Hace ocho años que pido una casa, trabajé dos años en uno de los roperitos de una diputada y ni siquiera así me la daban”, se enojaba Cecilia con las fuerzas que aún conservaba después de las vueltas por el barrio.
En las calles corrían nenes cargando colchones. Familias enteras con mesas, sillas, camas. Atravesaban cuadras enteras con bolsos. Cargaban escobas, secadores. Iban y venían: en bicicletas, a pie, en taxi. La cuestión era quién llegaba primero. Quién tomaba alguna de esas casas sobre las que ahora duermen, por ejemplo, los hijos de Ramón Burgos. Iluminados con velas, ocuparon una de la manzana 12. Llegaron, se instalaron y colocaron una mesa. Durante la tarde tomaban aire sentados todos afuera, tendidos sobre reposeras desde donde observaban las idas y vueltas de vecinos, curiosos, buscadores y rematadores de viviendas. Un barrio nuevo. Con casas iguales. Con ocupantes que desde ayer hacen guardia para no abandonar el territorio ganado. Que ahora quieren regularizar su situación y que se encontrarán probablemente con un problema en el Instituto de la Vivienda. Un problema para ellos, para los titulares reales y para la intervención.
Anoche, después de la marcha que reunió a unas 15 mil personas y terminó en la Casa de Gobierno, Lanusse anunció una nueva medida: el “corte de gestión”. La Auditoría General de la Nación y la Comisión Parlamentaria Mixta a cargo de Oscar Lamberto recibieron el informe con el corte de gestión, corte de documentación y órdenes de pago pendientes de ejecución. La Auditoría analizará la herencia del gobierno de los Juárez y seguirá a partir de ahora cada uno de los pasos de la nueva administración. El objetivo es garantizar transparencia.