Por A. D.
Desde Santiago del Estero

Fue otro avance sobre la herencia de los Juárez. El secretario de Derechos Humanos de la intervención, Fernando Rinaldi, y el nuevo jefe de policía de la provincia, Oscar Londra, desembarcaron ayer a la tarde en Bandera Bajada, uno de las zonas campesinas de Santiago del Estero, ubicada a 120 kilómetros de la capital. La zona es uno de los focos calientes del conflicto entre los campesinos y los productores de soja que avanzan sobre la frontera agrícola santiagueña desde hace dos años, a partir del boom del mercado de las exportaciones y el aumento del valor de las tierras. El año pasado una delegación del Ministerio de Justicia de la Nación había denunciado la existencia de las “peonadas armadas”, empleadas por los terratenientes de Santiago para ganarles espacio a los campesinos. Ayer, el allanamiento ordenado por un juzgado de Santiago sobre un campo disparó la visita de la intervención, en un gesto que abrió la agenda sobre uno de los problemas más conflictivos. En diálogo con Página/12, Rinaldi adelantó parte del programa: “Queremos garantizar el derecho a la tierra de los campesinos con soluciones legales, claras y contundentes”.
El caso Bandera Bajada está en la agenda de los interventores desde hace meses. Unas 100 familias de campesinos habían denunciado el avance de un delegado agropecuario de la zona sobre 7000 hectáreas de campo. De acuerdo con la información reunida en la denuncia presentada ante la delegación local de la Secretaría de Justicia, detrás del avance se encuentra Horacio Maciel, un puntero del juarismo y delegado agropecuario que cuenta con el respaldo del aparato manejado por el comisionado municipal de Bandera Bajada y la complicidad del jefe de la Departamental de Añatuya. Los campesinos habían realizado una denuncia formal contra el nuevo latifundista por “apropiación de tierras y cuatrerismo”.
El caso de Bandera Bajada no es singular: reúne las características de usurpación impulsada por los medianos y grandes productores del campo sobre las poblaciones de campesinos del interior de Santiago. El campo apropiado por Maciel está ubicado en una extensión de tierras ocupadas históricamente por los campesinos protegidos por los derechos de la llamada ley veinteñal. La estrategia de usurpación sobre sus campos se hizo con los mecanismos habituales: instalación de cercos sobre porciones de tierras cada vez más extensas. Protegidos por la estructura política, policial y judicial del juarismo, los terratenientes como Maciel fueron consiguiendo en los últimos años formas de regulación dominial de sus propiedades con inscripciones apócrifas en el Registro de la Propiedad. Del mismo modo, lograron frenar las demandas de los campesinos con fallos favorables y detuvieron o silenciaron los reclamos generando escuadrones de la muerte con peones propios o con protección policial.
“Maciel está asociado a los medianos y grandes productores locales”, le explicaba a Página/12 Silvia Borcelino, de la Comisión de Tierras del Departamento de Figueroa, una de las que estaba presente en la asamblea reunida en el campo. “Todos se unían detrás de la misma estrategia de usurpación y robo de animales, una lógica impulsada por los hombres de Musa Azar que aún no ha sido desarticulada.”
Hace veinte días comenzó el conflicto que provocó el allanamiento ordenado ayer. Maciel terminó cercando 50 hectáreas de un sembrado de algodón de Juan Luna, uno de los campesinos de la zona. Luna era propietario de los derechos posesorios, probados con los documentos de una cesión de tierras. Con esos elementos, los campesinos presentaron una nueva denuncia contra Maciel y los policías de la comisaría local por “usurpación y asociación ilícita” y comenzaron una ocupación. El delegado agropecuario respondió contra Luna con una denuncia por robo de algodón presentada en el juzgado de Pedro Ibáñez. Ayer a la mañana el juez ordenó el allanamiento en el galpón. No desalojó a los campesinos. Contabilizó los bienes, el algodón y puso a disposición el ganado para que reconozcan los que habían sido robados.
Los detalles del caso Bandera Bajada fueron seguidos de cerca por Rinaldi, quien el próximo miércoles participará de la Mesa de Tierras provincial que reunirá en la sede del Obispado por primera vez a funcionarios provinciales con las organizaciones de base y los campesinos nucleados en las dos fracciones del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase).
“El interventor quiere que desarrollemos un plan que garantice el derecho al acceso a la tierra, el fin de las usurpaciones por parte de los terratenientes. Y que se organice una mesa con la participación de todos los actores sociales”, dijo Rinaldi a Página/12.
–¿Incluso la participación de los grandes lobbystas? –preguntó este diario.
–No. Con todos los actores campesinos. Con los empresarios será en su momento.
–Eso podría leerse como un avance contra el empresariado.
–Es un avance contra la usurpación de tierras. Queremos hacer un plan para que las comunidades campesinas de Santiago del Estero tengan garantizado su derecho a la tierra.
–¿El diagnóstico de la intervención es el de un escenario crítico?
–Crítico implicaría decisiones urgentísimas. Tenemos tiempo, diría un tiempo ambiental, más largo. Pero también es cierto que con las usurpaciones la pérdida del derecho de muchas comunidades campesinas tiende a hacerse irreversible, ése es el problema más grave.
–Los asentamientos veinteñales les garantizan los derechos. ¿Por qué entonces irreversible?
–No, porque los derechos de los campesinos son de posesión: si hay una acción violenta para desalojarlos o les queman el rancho, sus derechos se ven dañados porque no pueden demostrar la posesión. El robo de ganado también se plantea con esa lógica: en la medida que les queda menos ganado tienen menos posesión. Si no se hace algo ahora, la situación se va a tornar irreversible.