Por I. H.

En Salta, donde gobierna Juan Carlos Romero –ex compañero de fórmula de Carlos Menem–, cerca del 15 por ciento de la población es aborigen. Es, junto con Chubut y Río Negro, la provincia donde más conflicto hay alrededor de las tierras. Los intentos por arrebatárselas a los pueblos originarios no cesan. El año pasado 150 familias de la comunidad ava guaraní fueron expulsadas de La Loma con una brutal represión policial. Desde entonces viven hacinadas y no paran de reclamar. Un grupo wichi, cerca de General Mosconi, arrastra un problema similar de años y su demanda llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reconocen el avance sobre el derecho indígena por parte de compañías –a menudo extranjeras– con la venia de la Justicia, que admite como tierras fiscales aquellas que en realidad dejan de serlo al estar habitadas por comunidades aborígenes. A la vez, advierten su situación de total indefensión, con sus derechos básicos vulnerados, a veces por no poder acceder a una buena defensa. A los kolla-guaraníes de Río Blanco, por ejemplo, el juzgado no les quiso recibir una primera presentación porque estaba escrita a mano. El Equipo de la Pastoral Aborigen de Orán hizo circular un comunicado de “solidaridad con las familias y las comunidades víctimas de la privación de su derecho a la tierra, que están sufriendo en diversos lugares del noreste salteño”. “Lamentamos la ignorancia, el desprecio y el desamparo de que son víctimas nuestras familias aborígenes (...) aun cuando sus derechos son reconocidos internacionalmente y por nuestra Constitución nacional”. Mañana a las 20, miembros de las comunidades kolla-guaraní y ava-guaraní hablarán sobre su situación en el aula 108 de la Facultad de Filosofía y Letras, en Puán 470. Asimismo informaron que necesitan alimentos no perecederos.