Después de la embestida que terminó con el pedido de detención de dos diputadas, la gestión de Pablo Lanusse avanzó con los desplazamientos de diputados, funcionarios y dirigentes que habían sido nombrados durante las últimas horas del gobierno. Uno de los símbolos fue la diputada nacional Graciela Hortensia de Olmos, aquella que se opuso a la intervención durante el debate en el Congreso, que había sido nombrada con la categoría 18 en el Ministerio de Salud y Acción Social.
El legado del viejo régimen aún no tiene números precisos. Las publicaciones locales llegaron a barajar unos 1700 nombramientos, pero el gobierno aún no ha dado cifras oficiales. Recién ayer se conoció sólo un listado de seis nombres, tal vez los más emblemáticos. Además de Graciela Olmos, la lista incluye a tres diputadas provinciales que después de la intervención se quedaban sin trabajo: Elena Garibe, María Nieves Ibáñez y Norma Aguirre. Pablo Lanusse se encontró a las dos primeras nombradas con la misma categoría de Olmos en el Ministerio de Salud. A Norma Aguirre, en cambio, ubicada en la Dirección General de Rentas. La ex jefa de la Casa de Gobierno no se había olvidado de nadie: antes de irse ubicó a su subsecretario de Gobierno, Milton Daniel Basualdo, en la Dirección de Desarrollo Humano, y a su mujer con categoría 18 en Acción Social.
La purga continuó también sobre la causa del Instituto Provincial de Viviendas. El gobierno amplió la denuncia penal por ocupación ilegítima, esta vez con una acusación contra el intendente de Bandera Baja, “que habría entregado las llaves de dos grupos habitacionales de la provincia”. En la embestida de Bandera Baja fueron acusados los policías que habrían permitido el asentamiento. En total eran 40 viviendas, 20 sin adjudicación firme y otras tantas que se encuentran sin terminar.