La marcha de ayer encabezada por Juan Carlos Blumberg tuvo como principal proclama que se declare la “emergencia del Poder Judicial”. Entre los doce puntos de la convocatoria figuran algunos que ya fueron incluidos en la catarata de medidas que el Gobierno envió al Congreso la última semana. Los reclamos de ayer fueron:
- Declarar en estado de emergencia al Poder Judicial para que se le suministren los recursos económicos, humanos y tecnológicos que posibiliten ponerse al día con las causas judiciales atrasadas.
- Ampliar el horario de trabajo de los empleados y funcionarios del Poder Judicial. “Para que cumplan con un mínimo diario de ocho horas de trabajo, el cual es el horario de trabajo normal que cumple todo ciudadano”, señala el petitorio. También exige que se extienda el horario de atención al público.
- Publicar en medios masivos de comunicación las estadísticas públicas de la cantidad de causas judiciales ingresadas y las sentencias dictadas discriminadas por fueros y por juzgados. También pide dar a conocer las declaraciones patrimoniales de los jueces y funcionarios judiciales.
- Implementar “con urgencia” un sistema de protección de jueces y funcionarios del Poder Judicial que investiguen al crimen organizado.
- Establecer la reválida periódica de títulos de jueces, fiscales y defensores.
- Perfeccionar y fortalecer la designación de auxiliares de la Justicia, en especial lo relacionado con peritos.
- Implementar un sistema para que se puedan realizar auditorías con control ciudadano y en donde se evalúe la “eficacia de los juzgados”.
- Colaborar con las instituciones pertinentes para que se agilicen los procedimientos de designación y remoción de jueces.
- Implementación inmediata de los juicios por jurados en donde se juzguen delitos graves y aberrantes y aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos.
- Implementar un sistema único de información del Poder Judicial en donde se compile información relativa a víctimas, victimarios y testigos unificando bases de diversos organismos del Estado.
- Que las víctimas y/o familiares puedan ser parte de los procesos judiciales. “Implementar el derecho de opinar de la víctima en el juicio oral, tener los mismos derechos a los que gozan los fiscales.”
- Lograr la sanción de códigos procesales unificados entre Nación y provincias en un plazo de noventa días.