Por Alejandra Dandan
y Laura Vales

Juan Carlos Duarte llegó a La Boca hace ocho años, con una categoría que los vecinos descubrirían recién después de los primeros robos: la de refugiado. Apareció escapado de la Isla Maciel, donde se había ganado el repudio de la gente que, harta de que la policía lo protegiera, consiguió echarlo con el trámite de quemarle la casa. “Duarte siempre tuvo relación con la cana”, dicen allí. “Andaba en la droga, apañado por la comisaría. Un día, después de una discusión, mató a un hombre. Le prendimos fuego la casa y se tuvo que ir.”
La que habla es una de las mujeres de la isla. Como los otros testimonios reunidos en esta nota, pedirá que no se publique su verdadero nombre por temor a eventuales represalias. Tiene miedo de un hermano de Duarte, que comparte con él su fama de pesado, y a la policía. En la isla sostienen que el gordo Juan Carlos era “un buchón de la Comisaría 3ª de Avellaneda: un chorro que trabajaba para la cana”.
Vivía con dos hermanas y la madre al costado de la vía que hace de frontera con Dock Sud. El lugar es territorio controlado por la Bonaerense (ver recuadro). Una vecina del docke que cursó la escuela primaria con una de las hermanas cuenta que “Duarte donde estaba hacía lo que quería porque históricamente trabajó con la cana”.
Su grupo era conocido como “la banda de los colchones”. Era especialmente odiado por robar en la misma zona. El barrio se lo cobró caro. “Estaban en mi cuadra”, relata la primera de las mujeres. “Un día le metió tal cantidad de balas a uno, que lo dejó en el hospital, aunque el asunto quedó en la nada. Pero cuando los Duarte mataron a ese hombre se armó un revuelo total. Los corrieron del barrio: les quemaron la casa.”
El prontuario del principal sospechoso por el crimen de Martín “El Oso” Cisneros registra una causa por drogas abierta en el 2001 y una denuncia reciente por robo. Según los datos del Ministerio de Justicia, la investigación vinculada al tráfico de drogas estuvo en manos del fiscal federal Gerardo Di Massi. “El expediente reunió fotos, direcciones, lugares donde se podían hacer allanamientos, pero finalmente no pasó nada, nunca lo buscaron”, dijo a Página/12 un colaborador del ministro Gustavo Beliz. Los dirigentes de la Federación de Tierra y Vivienda señalan que además tenía un pedido de captura desde hacía tres años.
Ese es uno de los elementos para dar cuenta de su impunidad. El otro es el robo a la casa de Olavarría 275, donde fue asesinado el Oso Cisneros. El asalto ocurrió el 31 de enero de este año, cuando vivía allí Lucas Yáñez, también integrante del comedor Los Pibes. Los ladrones se llevaron del lugar, además de electrodomésticos y dinero, documentos del comedor Los Pibes. La gente de la cuadra denunció a Duarte como autor del robo.
Según consta en la denuncia judicial, “los vecinos llamaron en reiteradas oportunidades al Comando Radioeléctrico, solicitando su intervención, cosa que no sucedió durante el largo rato que les llevó a los delincuentes realizar su tarea”.
El robo de los papeles, planillas sin ningún valor económico, hizo sospechar a los integrantes del comedor una intencionalidad política detrás del episodio. Yáñez lo denunció en esos términos ya en aquel momento: “Quiero destacar que desde hace varios meses era notorio que en la esquina de Olavarría y Necochea (a 30 metros de mi casa) se había montado un puesto de consigna de la Policía Federal Argentina, durante las 24 horas. Como resulta obvio, el día en que sucedieron estos acontecimientos ese puesto fue levantado, lo que vulgarmente se dice ‘liberar la zona’ para que los delincuentes operen libremente. Como miembro activo (de la FTV) me queda suponer que algún miembro de la fuerza pública, conociendo toda esta realidad, haya decidido utilizar al sujeto marginal para realizar el trabajo sucio con el objeto de retraer el trabajo social de estas organizaciones”.
Los militantes del comedor Los Pibes comprobarían por sí mismos hasta qué punto llegara el respaldo de la Federal al acusado. Al día siguiente del robo, escracharon la casa de Duarte. En la puerta se encontraron con siete patrulleros custodiando su vivienda. Luego hubo amenazas contra los manifestantes. A raíz de ellas, una de las familias que concurren al comedor se tuvo que mudar.
Tras el escrache, Duarte desapareció de la zona. Se refugió en la villa de Flores donde lo detuvieron tras el asesinato. Volvió a principios de junio.
En La Boca, los vecinos dicen que Duarte ostentaba sus armas. “No le conocimos trabajo. Se paseaba por la cuadra de Olavarría enfierrado y en la esquina se ponía a hablar con los consignas de la Federal”, cuenta uno de los concurrentes al comedor. “Nosotros no lo denunciamos a la comisaría porque tiene protección policial.”
Había vuelto entonado, amenazando con que “ahora llegué para quedarme” y los dirigentes de la Federación de Tierra y Vivienda le llevaron la denuncia al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Según explican en el Gobierno, la División Asuntos Internos de la Policía Federal intervino para seguir las irregularidades cometidas por la Comisaría 24a. La seccional tenía 3 denuncias que estaban siendo investigadas, entre ellas la relacionada con Juan Carlos Duarte.
En la comisaría decían que la cuadra de Olavarría al 200 estaba entre sus objetivos por su nivel de peligrosidad. A una cuadra de la casa del Oso funcionaba, hasta una semana antes del crimen, un merendero del Movimiento Territorial de Liberación y vivían cinco familias. El lugar había sido desalojado y los del MTL se quedaron en la vereda. Había constantemente presencia policial y un patrullero instalado en la esquina. Fueron los desalojados quienes contaron que en el momento de los disparos el consigna salió corriendo, se metió en el patrullero y desapareció.