Por M. G.

La victoria en primera vuelta y la mayoría en el Congreso pintan un panorama al que dirigentes del Frente Amplio consultados por Página/12 acordaron agregar un elemento para ellos impecable, por decirlo en uruguayo: la euforia popular del festejo funciona no solo como muestra de alegría sino como dato político del apoyo con que asumirá la gestión de Tabaré Vázquez el 1 de marzo de 2005.
“El gobierno de Jorge Batlle se encuevó”, dice campero uno de los consultados. “Nosotros vamos a meter al gobierno en la calle y cambiar el estilo de hacer política”, opinó tomando prestada una palabra que suele repetir el senador Eleuterio Fernández Huidobro. “En el gobierno la podés cagar, pero cagarla con el pueblo significa que nos equivocamos todos juntos, y eso no es lo mismo que hacerlo solo”, reflexiona.
El cálculo del Frente es que la coalición ganó porque antes construyó su programa para cinco años de gobierno luego de consultas en todo Uruguay con trabajadores, empresarios y organizaciones sociales. Es lo que Vázquez llamaba “un programa a medida del país”.
El razonamiento es que si los consultados pusieron los insumos, ahora participarán en la ejecución de ese programa que tuvo en cuenta sus opiniones en temas tan concretos como la pesca, la explotación del subsuelo y la ampliación de la agricultura comercial de exportación.
Esa base de apoyo podría ampliarse, en la lógica frentista, si se profundiza la descentralización administrativa que empezó a aplicarse, por ejemplo, en la intendencia de Montevideo.
“Ahora el clientelismo ofrece portland y chapas, y da dinero según decisiones que se toman en una escribanía de la ciudad vieja”, sigue esa forma de pensamiento. “Si, al revés, esos fondos se asignan junto con el derecho y la responsabilidad de administrarlos, la situación tiene que mejorar.”
Cuando puntean qué sectores estarán conformes con un gobierno del frente, los dirigentes de la izquierda anotan estos:
u Obviamente las franjas más pobres (la tercera parte de los uruguayos está por debajo de la línea de pobreza), que en los sectores urbanos vienen siendo la base más firme del electorado frenteamplista.
u Los exportadores.
u Los productores rurales, aun a pesar de su precariedad ideológica que los lleva a apoyar a los conservadores, que terminan siendo un obstáculo para su desarrollo.
u Los industriales, hoy muertos.
u Si hay dinero para obras públicas, el sector de la construcción.
u Los sindicatos, salvo alguna excepción como los municipales trotskistas, también ayudarían a un gobierno del Frente, siempre que éste no les quite su independencia. Uruguay, al revés de la Argentina, no tiene tradición de sindicalismo ordenado desde el aparato estatal.
A este cuadro habría que sumarle la mayor homogeneidad administrativa, que permitiría ampliar las políticas sociales. Un ejemplo es la contigüidad de administraciones del Frente Amplio en Montevideo y Canelones. Según la izquierda, iniciativas concretas como la mejora del transporte público teniendo en cuenta a los sectores de menores ingresos serían posibles y mejorarían la gestión de cada departamento.
La mayor dificultad que aparece en el horizonte es la deuda externa, que en Uruguay es el 100 por ciento del Producto Bruto Interno.
En una jugada política para soldar el Frente Amplio y tranquilizar a los votantes de los sectores medios menos izquierdistas, Vázquez anunció durante la campaña que su ministro de Economía sería el senador Danilo Astori.
Astori tiene un discurso moderado sobre los organismos multilaterales de crédito y el sector financiero. La duda es si también aplicará ese discurso a la gestión concreta. Algunos dicen que no. La mayoría de los dirigentes políticos y los directivos de empresas opina que sí.
Pero aunque eso sea cierto en la práctica, es fácil conjeturar que en una futura negociación con el Fondo Monetario Internacional el superávit fiscal será el gran tema. Uruguay no tiene tradición de producir superávit. Si, a tono con las exigencias habituales, tuviera que destinar un 4 por ciento al pago de los servicios de la deuda, se quedaría con pocos recursos para afrontar el mayor gasto social prometido en la campaña como forma primera de distribución del ingreso antes de que comience a funcionar cualquier tipo de reforma impositiva.
Si hubiera que zanjar la diferencia, la lógica indicaría que el superávit que se acordará con el Fondo no será ni 4 ni cero por ciento. Ni tanto que impida obras, ni tan poco que sea indigerible para la burocracia del organismo.
En el terreno de la deuda, la apuesta del Frente es un marco de criterios fijados de acuerdo con la Argentina y Brasil. Ese marco también debería funcionar, en los papeles, como el fundamento para mejorar la posición uruguaya en el comercio internacional gracias a las presiones en especial de los brasileños, que usarán su mayor poder relativo en el mundo.
Sin problemas a la vista con el establishment económico local, que protestará cuando el Banco Central vigile a los bancos pero escuchará que eso es lo que se hace en cualquier país capitalista, el desafío que susurran en privado los dirigentes del Frente está dentro del propio aparato estatal.
Mencionan un gran sistema de contrabando, en buena medida para convertir a Uruguay en lugar de tránsito hacia la Argentina y Brasil.
Hablan de una burocracia acostumbrada a utilizar quintas del Estado y formas ilegales de recaudación. “Prometían un país de servicios, pero algunos de los servicios consistían en cobrar una coima simplemente por dejar pasar mercadería y mirar para otro lado”, es uno de los comentarios recogidos.
También dan el ejemplo de las sociedades que presuntamente financiarían inversiones y solo lavan el dinero de argentinos en el exterior o ayudan a la evasión impositiva en la Argentina. El esquema es que una de esas sociedades se articula a una sociedad anónima, a su vez conectada con zonas francas y con banca offshore.
Y describen con preocupación la situación de la policía.
“Las Fuerzas Armadas discutirán alguna medida de derechos humanos, pero cuando los militares dicen sí es sí, y cuando los policías dicen sí a veces, por la espalda es no”, evalúan.
“Algunos oficiales de policía regulan negocios ilícitos, y lo sabemos por filtraciones de policías honestos que en los últimos años nos alcanzaron información”, dicen.