El jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández, aclaró ayer que “la oferta de reparación económica” a los familiares de las víctimas de República Cromañón “no tiene nada que ver con el juicio penal”. De este modo, salió al cruce de las posturas de los familiares de víctimas que rechazaron la propuesta del gobierno porteño por considerar que sólo apuntaría a “comprar silencios” y frenar las demandas judiciales.
El funcionario porteño indicó que la jueza a cargo del caso, María Angélica Crotto, “determinará las responsabilidades” sobre la tragedia de Cromañón y “quiénes deben asumirla”. Remarcó que la oferta de reparación económica del gobierno porteño, de 300 mil pesos por cada fallecido, “no tiene ninguna contraposición con el seguimiento del juicio”.
Nino Benítez, familiar de una de las 191 víctimas, había dicho que “si vamos a cobrar por esta desgracia, queremos que sea por un juicio y no porque ellos (el gobierno porteño) deciden lavarse las manos con este pago”.